He tenido el atrevimiento de apropiarme del título de la famosa obra del filósofo Michel Foucault porque creo que su contenido sirve perfectamente para arrojar algo de luz sobre la deriva en la que se ha introducido el gobierno del PP y que tiene su máximo exponente en el borrador del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Si digo esto es porque considero que sería erróneo lanzarse a un análisis centrado exclusivamente en esta ley, ya que para entenderla en toda su extensión, es preciso juzgarla en el marco de otras medidas que ya han visto la luz y que nos permiten calificar lo que está haciendo el gobierno como una reforma en profundidad de la manera en la que hasta ahora entendíamos el sistema de derechos y libertades recogidos en nuestra Constitución.
Las diferentes leyes aprobadas (de Estabilidad Presupuestaria, de Mejora de la Calidad Educativa, de tasas judiciales, de Seguridad Ciudadana, etc.) en los escasos dos años de legislatura, evocan una visión de la administración de justicia y de interior que tiene que ver más con una concepción represora que con otra garante de derechos. La pregunta que debemos hacernos es por qué el PP tiene ese enfoque tan retrógrado sobre la justicia y la seguridad. Y, adelantándome a la respuesta, diré que, a mi juicio, representa una consecuencia lógica de su forma de concebir la sociedad, la economía y el Estado.
El individuo, la competencia, la generación de riqueza y el beneficio son centrales en la ideología neoliberal, por lo que desde su punto de vista es prioritaria la protección del libre ejercicio de la iniciativa empresarial (reduciendo al máximo las cortapisas existentes, como los derechos laborales y medioambientales), así como de la propiedad privada en la que esta se sustenta. Esta forma economicista de entender el mundo, deriva, como hemos podido comprobar, en la construcción de sociedades desiguales, en las que nunca (y no solo ahora, quiero recordar) han dejado de existir el paro y la pobreza, lo que da lugar a conflictos y tensiones. Hasta el inicio de la crisis, esos niveles de desigualdad se reducían, aunque no se eliminaban, a través de la acción redistributiva del Estado.
Es en este marco en el que comienzan a cobrar sentido las leyes que está aprobando el ejecutivo popular. Empiezan por obligar a las administraciones a no gastar más de lo que ingresan y a pagar la deuda como su primera obligación, independientemente de los efectos negativos de esa política en la garantía de unos mínimos de calidad de vida en la ciudadanía (en términos salud, educación, de servicios sociales, etc.). Siguen con una serie de reformas laborales que dibujan un trabajador mal pagado, temeroso, cumplidor y en manos del poder omnipotente del capital. A continuación, dificultan la vía de tutela judicial, incrementando las tasas judiciales. En siguiente término, tratan de acercar el sistema educativo hacia la formación de ciudadanos individualistas y sometidos a las leyes de los mercados productivos. Y, finalmente, hacen lo posible por taponar cualquier forma de manifestar el desencanto y de expresar el sufrimiento que sobrellevan muchos ciudadanos y familias.
La Ley de Seguridad Ciudadana cumple una función esencial en este puzle, ya que contribuye a darle coherencia a través de dos recursos fundamentales: en primer lugar, dando relevancia al aparato administrativo-policial para imponer sanciones sin la previa tutela judicial. Además del desatino que supone desde el punto de vista del acceso igualitario a la justicia, la verdadera perversión que entraña esta medida es que nos aleja de una consideración democrática, como garantes de derechos, de la administración y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y los acerca más al desempeño del papel de protectores de los privilegios de los más poderosos y de los intereses del capital, piedra angular sobre la que se asienta el sistema.
En segundo lugar, esta ley persigue disciplinar a la ciudadanía, castigando las conductas que se desvíen de la norma establecida, estigmatizando a los individuos que se rebelen (creando, recordemos, un "registro de sancionados"), y tratando de atemorizar con la amenaza de sanciones excesivas, no tanto a los infractores actuales, sino a los que pudieran llegar a serlo en el futuro. En definitiva, lo peligroso de esta ley es que no está pensada tanto para reprimir a los grupos minoritarios que actualmente se manifiestan en contra de las políticas neoliberales, contra los desahucios o contra los recortes, sino para evitar que estos movimientos puedan llegar a disponer de un amplio apoyo popular en las calles, como sucedió con el 15M.
Los dos elementos conforman el entramado que puso de manifiesto el análisis de Foucault, ya que el castigo que anticipa la ley no sería posible ni creíble para la ciudadanía sin un potente aparato de vigilancia. Lo malo es que esta ley llega a superar las peores previsiones del filósofo, uniendo en un mismo instrumento administrativo la capacidad de vigilar y castigar. Y todo esto es perfectamente posible y legal en un sistema formalmente democrático... Que alguien me lo explique.
Sociólogo
