Este problema ya lo he tratado otras veces, mas como no hay intención de corregirlo por parte de nuestros gobernantes, me siento obligado por razones éticas a retornar a él. Uno de los dogmas del neoliberalismo es el ensalzar el sector privado y denigrar el público. Poderosos medios de comunicación y la academia han sembrado la idea, que ha ido calando en la sociedad, de que lo público es sinónimo de ineficacia económica y de despilfarro de los impuestos de la ciudadanía; y que los agentes privados son más productivos y eficientes que los públicos y que, por tanto, el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado se encargue de generar riqueza. Que sea cierto o no da igual. Por ello, competencias del Estado, como transportes, hospitales, escuelas, servicios postales, ejércitos y policía que con la llegada de la modernidad pasaron a depender de la regulación o del control público, se están desmantelando y devolviendo a la empresa privada sin que ello haya supuesto ventaja colectiva alguna. Esto no significa que el Estado en otros aspectos se haya aligerado, muy al contrario, ha incrementado sus medios para ejercer un control cada vez mayor sobre la ciudadanía.
El concepto de privatización es un tanto impreciso. En sentido estricto se entiende por la enajenación o transferencia de propiedad pública, un bosque público; o de un servicio público, como la sanidad o el transporte a manos privadas. Sus objetivos según los gurús de la economía: el aumento de la eficiencia, de la competencia en el mercado, servicio a la ciudadanía, y mejora de las finanzas públicas. Mas el objetivo claro es el de hacer negocio. Ningún empresario acude a comprar una propiedad pública o prestar un servicio público, si no espera sacar un beneficio. Algo que no es criticable. Lo que si lo es, que los gestores del sector público, en lugar de protegerlo y mejorarlo, lo dañen y desmantelen para así justificar su privatización. Proceso que es una gran fuente de corrupción política.
Vender una propiedad pública o transferir un servicio público no debería hacerse con tanta ligereza por diferentes razones. De carácter moral, ya que determinados servicios públicos como el abastecimiento del agua, la luz, las comunicaciones, la sanidad, educación o servicios sociales no pueden regirse por criterios estrictamente económicos, ya que de hacerlo se producen graves perjuicios para los sectores de población más desprotegidos. Así ocurrió en Bolivia, con la privatización del agua por parte de la empresa Bechtel, que supuso la respuesta ciudadana de la llamada "la guerra del agua" en Cochabamba; o que cuatro filiales de Iberdrola establecieran en La Paz, una tarifa eléctrica urbana de 0,63 bolivianos por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59.
Hay también una razón de carácter jurídico. Ugo Mattei plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.
Ni que decir tiene que para al gobierno actual estas consideraciones son irrelevantes. Son implacables e insaciables en el mantenimiento e intensificación de sus prácticas neoliberales, a pesar de que nos han llevado a esta crisis. Se va a liberalizar (privatizar) el transporte ferroviario de viajeros en el Corredor del Mediterráneo. Mediante concurso público, un operador privado podrá prestar el servicio en este tramo por 7 años, pudiendo establecer las frecuencias y los precios que desee y competir directamente con Renfe. Las líneas son las que transcurren entre Madrid, Cuenca, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón y Murcia en redes de alta velocidad. Con esta incipiente apertura del sector, el Gobierno "pretende" dotar a este mercado de mayor oferta de servicios, favorecer unos precios más competitivos, fomentar el uso del transporte en tren y optimizar el uso de las "excelentes infraestructuras ferroviarias". Según la ministra entre Madrid y Valencia viajan al año 6.499.000 personas. Desglosado así: en tren, 1.779.000; avión, 264.000; coches particulares, 3.873.000; y en autobús, 580.000; lo que significa que la cuota de ferrocarril es solo del 27,4%. Su pretensión es aumentarla al ser un medio de transporte más ecológico y más eficiente. Mas en lugar de hacerlo directamente Renfe, se regala una importante cuota de mercado al sector privado, prestándole toda su infraestructura. ¡Vaya gestor! En cualquier empresa privada una acción semejante supondría un despido fulminante. Igualmente se privatizará el 49% de AENA. Y pronto el Museo del Prado.
Profesor de instituto
