El cierre de la caja autonómica decretado el lunes por el consejero Javier Campoy ha recibido la crítica unánime de empresarios, oposición, colectivos sociales o autónomos. No es para menos. Bloquear pagos cuando faltan casi tres meses completos para el cierre del ejercicio puede ser irresistible para numerosos contratistas y proveedores dependientes del Gobierno aragonés. Tendrá que esforzarse el titular de Hacienda para explicar esta dolorosa medida cuando hace solo unas semanas aseguraba en las Cortes que el plan de ahorro puesto en marcha comenzaba a dar sus frutos. Al igual que tendrá que hacerlo para presentar unos presupuestos para el 2015 que sean por fin realistas y eviten estos sobresaltos por incumplimientos constantes en los objetivos de déficit. La DGA debe proyectar seguridad y fiabilidad.