El servicio de comedor en los centros escolares públicos aragoneses se ha convertido en un asunto central en el contexto educativo. El departamento de Educación modificó en 2012 el sistema de subvención lineal de un 30%, lo que supuso un incremento del precio en casi 20 euros, hasta los 96 euros actuales. Todo esto se vería, dijeron, compensado con la adjudicación de becas de comedor a las familias que se encontrasen en situación de necesidad económica objetiva.
Esta expectativa no se cumplió. La demanda de ayudas de comedor desbordó las previsiones presupuestarias condicionadas por la estabilidad y el cumplimiento del déficit. Y después del primer curso decidieron aplicar unos requisitos económicos y sociofamiliares tan restrictivos que pocas familias puedan obtener beca, ya que deben tener unos ingresos por debajo de los 6.390 euros/año por familia (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), lo que en la práctica excluye de forma drástica a muchas familias en situación de vulnerabilidad pero que están algo por encima de esa cantidad.
Concretamente, en este curso 2014-2015, este procedimiento ha dejado a más de 9.000 familias sin ayuda, aunque se encuentre en situación de necesidad objetiva. Obviamente, así ni hay garantía de la protección de la infancia ni se observa el derecho a la educación en igualdad de oportunidades.
La consejera responsable de Educación, Dolores Serrat, ha afirmado ya que la partida presupuestaria destinada a becas de comedor este curso no se ampliará. Por lo tanto todas estas familias que estarían en una situación cercana a la pobreza se quedarán sin ayuda para comedor, a pesar de que ha dejado de ser ya un servicio complementario para convertirse en un servicio prioritario de acción social: hay alumnado para el que la del colegio es su única comida caliente al día.
Que no haya partidas económicas suficientes para cubrir todas las solicitudes de comedor que presentan las familias; que no se cambien las futuras órdenes de ayudas a comedor con respecto a los requisitos económicos exigidos hasta ahora; que no se financie el servicio de comedor en la totalidad de su coste en todos los meses del curso, (incluidos, por tanto, junio y septiembre), tal como Chunta Aragonesista ha reivindicado en repetidas ocasiones en las Cortes de Aragón, es frustrante. Pero los problemas no acaban aquí.
Educación ha remitido este curso instrucciones a los centros educativos para que igualen el importe de comedor para todo el alumnado a 96 euros/mes. De esta manera implanta un precio único sin las excepcionalidades que sí aceptaba el año pasado, porque hay centros que hacen tan buena gestión del servicio que su coste real es inferior a esa cuota. La decisión ha sido recibida con malestar manifiesto por parte de las AMPAS, porque va a provocar que el precio en algunos colegios se incremente en más de 10 euros al mes, lo que hará que, de nuevo, muchas familias tengan que apretarse el cinturón o, directamente, dejen de utilizar este servicio por no poderlo pagar.
No solo están en este caso muchos centros de gestión directa por el AMPA sino también aquellos que, aunque se suministran a través de empresa de catering, han obtenido, por determinados motivos, un precio menor por el servicio. Nos tememos que Educación quiere que el superávit que se genere se utilice después para financiar el gasto ordinario de los centros, algo que le corresponde exclusivamente al departamento, lo que supondría hacer una clara dejación de sus responsabilidades.
Para rizar el rizo, aunque Educación no permite variar la cuota de 96 euros para las familias, como departamento está abonando un precio menor por el mismo servicio por los alumnos transportados a los que beca. ¿Por qué puede ahorrarse dinero el departamento pero no las familias? Nuestra propuesta para que se recupere la excepcionalidad en los centros donde pueda hacerse ha sido rechazada de nuevo por el PP y el PAR en las Cortes.
Lo que está claro es que hacen falta medidas distintas en la política de planificación en el servicio de comedor para arreglar la fracasada política del Gobierno de Aragón. En última instancia habría que revisar el precio del servicio de comedor, ajustándolo al coste real del servicio. Actualmente, con 6,81 euros para los usuarios ocasionales y 5,45 para los habituales, es uno de los más caros de España.
Diputado portavoz de Educación de CHAen las Cortes
