El largo y aparatoso registro de la vivienda de Oleguer Pujol Ferrusola, su traslado a comisaría y su imputación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal es otro eslabón en la sucesión de pesquisas policiales y judiciales de los últimos meses en torno al expresident Jordi Pujol y su familia. Pero los hechos del jueves suponen un salto cualitativo, porque es la primera vez que se adoptan iniciativas tan llamativas contra un Pujol, y también porque el volumen de dinero objeto de investigación (trasegado en operaciones inmobiliarias) es muy elevado. No es posible imaginar que no hay bases sólidas para la acción de la justicia, porque ya son cinco las causas abiertas al expresident o sus familiares directos. Y, sobre todo, hay la confesión del 25 de julio del propio patriarca, elemento central del entramado. En el caso del hijo menor de los Pujol, no cabe más que repetir lo que es de sentido común: que la justicia debe investigar los presuntos delitos y castigarlos si es el caso, sin tratos de excepción ni en un sentido ni en otro. Oleguer Pujol Ferrusola es un ciudadano común.
