Tres minutos de intervención obligada en la sesión de control de los martes del Senado, le bastaron a Mariano Rajoy para pedir disculpas por "haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos". Resumir en ese tiempo y en ese formato la explicación que los ciudadanos y nuestros representantes políticos merecen sobre los casos de corrupción que nos abochornan en estas semanas, es una afrenta al sistema democrático al que el PP devalúa constantemente con el rodillo de su mayoría absoluta.
HABLAR DE regeneración democrática y no dar explicaciones en sesión parlamentaria es un abuso de poder difícilmente encajable en el sistema; igual que la utilización sistemática de los decretos ley para legislar cuestiones relacionados con los problemas del país, desplazando al Parlamento a un segundo plano en el ejercicio de su función legislativa y hurtando el debate hasta convertirlo en un mero trámite burocrático.
No dar respuesta a los medios de comunicación cuando comparece ante ellos, si preguntan sobre casos de corrupción que afectan a su partido, es contradictorio con la transparencia que llena sus discursos. Cuando el estado de derecho se devalúa la corrupción crece, cuando el funcionamiento democrático en las instituciones y los partidos políticos se resquebraja, el control desaparece y la instrumentalización interesada se convierte en el único fin de su gestión.
¿QUÉ EXPLICACIÓN hay para que el PP con mayoría absoluta haya usado en menos de tres años más veces el decreto-ley (53 DL) que la legislación ordinaria? No tiene problemas para ganar las votaciones, es cierto, pero sí para convencer, por eso oculta medidas legislativas dirigidas a quebrar el ciclo de conquistas sociales y rompen unilateralmente las reglas del juego, desde el centro de trabajo hasta los ámbitos más recónditos de la sociedad y las personas.
Ellos sí están haciendo una revolución, la conservadora; los grandes poderes están volando esas conquistas sociales, incumpliendo convenios internacionales vigentes en materia de derechos humanos permiten la devolución "en caliente" de los inmigrantes que saltan las vallas de nuestras fronteras africanas.
NO LES ARREDRAN las sentencias del Tribunal Constitucional en sentido contrario, ni opiniones del Consejo de Europa, expertos jurídicos y procedimientos aplicados hasta ahora, la cruzada de ley y orden que están imponiendo nos lleva a abandonar legislación esencial para las personas reflejada en la Constitución.
El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, camina en la misma dirección tras el fracaso de las nueve enmiendas a la totalidad de la oposición. Recorta libertades y derechos de manifestación, expresión y crítica, incrementando las infracciones hasta 58 tipificadas (hasta ahora eran 19), sancionando reuniones en espacios "protegidos", parlamentos, sedes de gobierno, aumentando la cuantía de las sanciones, hasta 600.000 euros, permitiendo retener a ciudadanos sospechosos en comisaria hasta seis horas, dando facilidades para incautar videos, máquinas de fotos u objetos semejantes que puedan emplearse para convertir algún acto en ilegal.
El recuerdo de un pasado autoritario y casposo se convierte en desconfianza y temor cuando la nueva Ley de Seguridad Privada deja en manos de estos trabajadores la posibilidad de cachear e identificar, hasta en la vía pública, cualquier sospechoso. Es decir, el Estado delega una parte de sus competencias esenciales, la seguridad ciudadana, en manos de 1.400 empresas contratadas para tener beneficios económicos; ¿qué primará el estado de derecho o el estado del bolsillo?
SOLO LAS perlas que recoge la propuesta de modificación del Código Penal explica su retraso en ponencia un año y las cuarenta ampliaciones del plazo de enmiendas, catalogar como "sujetos peligrosos" las personas con enfermedad mental, impedir a los jueces actos de investigación para dejarlos a la fiscalía, limitar a tres años la duración de las causas judiciales, expulsar a los extranjeros que sean sospechosos en la comisión de un delito y sancionar a las personas que les ayuden en situación irregular por perturbación del orden público.
Las tasas judiciales de la reforma Gallardón cierran el círculo, recurrir una sentencia judicial lesiva supone pagar el abogado, el procurador las costas del juicio y aprovisionar cantidades difíciles de cubrir. ¿Quién puede enfrentarse en esas condiciones a los equipos de juristas de bancos, corporaciones multinacionales, empresas, instituciones gubernamentales? No somos iguales ante la Ley, por motivos económicos miles de personas se han quedado fuera de la tutela judicial efectiva. Decía Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, "hoy tenemos una justicia para ricos, otra para pobres, la justicia gratuita (ingresos menores de 12.700 euros) y una injusticia para todos los demás que deben pagar un peaje inasumible".
El Gobierno aprovecha la crisis y su mayoría absoluta para limitar derechos y garantías ciudadanas por ideología y rentabilidad electoral, en un ejercicio de permanente cinismo habla de regeneración democrática y desprecia al Parlamento, habla de controlar las instituciones y asfixia la sociedad civil, aumenta las desigualdades y amordaza las protestas, habla contra los corruptos pero los mantiene dentro, consiente que crezca la arrogancia y la rapiña mientras encoge los salarios y el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo no va a haber ganas de castigar al poder?
