Eso le decía Camps al Bigotes. Asistimos en estos últimos tiempos a un fenómeno que nos deja perplejos. En las más recientes encuestas del CIS, la corrupción aparece en Octubre de 2014 como la tercera causa de preocupación de los españoles, sólo por detrás del desempleo y de la crisis económica. Sin embargo la corrupción no es nueva, ni siquiera la más visible, la que tanto nos altera y tanta alarma social genera. Nos debemos plantear dónde se produce y quiénes con los corruptos y los corruptores, para tratar de entender y demandar las respuestas adecuadas.
El Ministerio del Interior contabiliza una disminución de los delitos en 2008-2012. Los relativos a la "Ordenación del territorio y el urbanismo" representan más de la mitad de los producidos (1.598 sobre un total de 2.567), a mucha distancia del "Cohecho", la "Prevaricación" o la "Malversación". Esta información apunta a una primera idea sobre quiénes son los corruptos y quiénes los corruptores, es decir, los gestores y responsables políticos de ayuntamientos y de comunidades autónomas y las empresas ligadas a esos trabajos, urbanísticos o de prestación de servicios en forma de concesiones. Se trata de actividades fuertemente lucrativas que la ciudadanía puede evaluar en su alcance y proporciones, algo muy importante para que la opinión pública perciba la corrupción. La gente común entendemos perfectamente los abusos de las tarjetas black pero es más difícil evaluar la dimensión de los 22.000 millones de la nacionalización de Bankia, por ejemplo. Contra lo que se percibe y se comenta a nivel de calle, España no es una sociedad corrupta ni tiene una administración pública corrupta. Algunos datos como los que proporciona el Global Corruption Barometer de 2013, que elabora Trasparencia Internacional, documentan que menos del 5% de la población española declara haber realizado algún tipo de pago o soborno por acceder a algún servicio público (policía, sanidad, educación, jueces, etc). Países como Italia, USA, Reino Unido o la misma Suiza están entre el 5% y el 10%. Sin embargo, dos terceras partes de la población piensan, según el mismo barómetro, que los gobiernos están "capturados" por grupos de interés. También señala que el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en nuestro país.
El mundo de la economía y de la política efectivamente tiene unos vínculos muy estrechos y oscuros en nuestro país. En Una evaluación del lobby en España: Análisis y propuestas (Villoria, 2014), se nos presentan diversos casos de cómo los intereses económicos influyen en las decisiones políticas para obtener unas rentas del volumen de las que nos hemos referido antes, difíciles de evaluar por la ciudadanía. Cita por ejemplo, cómo los laboratorios farmacéuticos consiguen condicionar la política sanitaria más hacia la curación, para que se consuma medicamentos, que favorecer la política preventiva, más barata y más saludable. O cómo las eléctricas, han conseguido una regulación del sector que desincentiva el autoconsumo, algo que favorecería la independencia energética, aspecto que para países como el nuestro resultaría muy importante y que, probablemente, rebajaría el coste de la energía que paga la ciudadanía, uno de los más altos de Europa. O cómo en el caso de Bankia, los grandes bancos promovieron una estrategia de ocultamiento de los riesgos del sistema bancario por el Banco de España.
Esta corrupción sorda, de baja intensidad pero alto voltaje, es mucho más importante y dañina que los aguirres, ratos, pujoles o fabras de turno. Ya no sólo se trata de una apropiación de rentas sino que contribuyen a distorsionar el propio modelo productivo. Estamos, además, ante una corrupción de largo alcance y comienzo temprano: se empieza a colocar muchos peones en puestos estratégicos en diferentes órganos políticos, que uno no se explica cómo llegan. En las oficinas económicas del Gobierno o en diferentes comisiones (Competencia, Energía, Comunicaciones, etc). La puerta giratoria empieza antes de una manera más discreta. Nos sorprendió mucho en su momento que Guindos, Draghi, Papademos o Prodi, salieran de la banca internacional para encargarse de los asuntos públicos de sus países y de la UE, ¿públicos?, pero ahí ha quedado la cosa.
Sin duda los escándalos de corrupción de alto voltaje mediático han generado una sensibilidad crítica de la ciudadanía hacia este tipo de comportamientos. Seguramente por los efectos de la crisis económica. No ocurría así en la época dorada, donde al revés, se premiaba a los corruptos de determinada opción ideológica. Que se lo hagan mirar muchos votantes. Esta ola justiciera y reivindicadora, que la crisis ha generado, debería aprovecharse para conseguir transparencia y buen gobierno en nuestro sistema económico-político y promover unos valores democráticos y de equidad. Mal comienzo eligiendo presidente de la UE a un exprimer ministro de un paraíso fiscal.
Universidad de Zaragoza / Universidad Autónoma de Madrid