"La gente dirá que la justicia es un cachondeo y yo tengo que darles la razón" opinó --enero 1985-- el entonces alcalde de Jerez, el andalucista Pedro Pacheco. Treinta años después de esas palabras, la ciudadanía contempla atónita y alarmada como el golferío corrupto que pulula por cualquier rincón de la geografía nacional, pasea tranquilamente por nuestras calles, entran y salen del país sin que les hayan impuesto medidas cautelares, llevan el tren de vida de siempre, su patrimonio está a buen recaudo si han tenido que depositar fianzas pequeñas y siempre tardías. Estos golfos, digo, tienen el convencimiento de que jamás pisarán una cárcel y con algo de fortuna --y la tendrán probablemente--, ni siquiera serán llevados al banquillo de los acusados. Y todo ello ocurrirá así por una o varias de las siguientes causas: a) Prevaricación de un juez. b) Mala praxis en la instrucción del sumario. c) Dilación injustificada e incomprensible de algún procedimiento procesal. d) Falta de pruebas --pueden haber sido destruídas--. e) Oposición de la fiscalía a acusar al imputado. f) Prescripción del delito económico y/o fiscal. g) Denegación de prórroga del mandato para que determinados jueces sigan en su puesto y con su cometido. h) Exasperante lentitud para instruir buen número de procesos, que contrasta con la celeridad tenida para unos pocos. Vean si son eficaces sus acciones. Si tienen algo de memoria, recordarán que por a) y h) lograron que Baltasar Garzón sea hoy el único condenado por el caso Gürtel cuando pretendía investigarlo ya en 2009; por b) y h) expulsaron de la carrera judicial a Elpidio Silva, que aspiraba a encarcelar al muy digno Blesa y por el g) logran que el intachable juez Castro y el parsimonioso juez Ruz dejen en fechas ya muy próximas todos los procesos que instruyen y que podrían quedar sin concluir. Así pues, cuando la cosa judicial no pinta bien para los intereses del PP y de sus gentes, estas maniobran hasta conseguir que los vientos rolen y se vuelvan favorables.

Que son necesarios más jueces es una evidencia; que las más altas intancias judiciales están politizadas es tan evidente como la anterior; que el penúltimo Fiscal General, Torres Dulce, se cansó de sufrir presiones y dimitió es otra más. Tal es el panorama, sin incluir los asuntos de dineros, pues no saben o no quieren saber que ha sido, donde han ido a parar los 500 millones de euros recaudados en 2013 gracias a las nuevas tasas judiciales ó tasazo Gallardón.

Profesor jubilado de instituto