El ambicioso plan de "reformas radicales" que presenta el PSOE en caso de alcanzar el Gobierno en las próximas elecciones sugiere la extensión de la enseñanza obligatoria de los 16 años actuales a los 18. Aunque la idea llegue teñida de una inevitable carga de electoralismo, no hay duda de que abre un debate pedagógico nada despreciable que ya se está desarrollando en diversos países de Europa. El plan de alargar dos años la estancia en los institutos obligaría a revisar las etapas escolares anteriores para resolver fallos repetidamente denunciados por los especialistas y lograr una formación más coherente del alumno, aprovechar sus aptitudes reales, evitar la temprana discriminación y, en fin, para facilitar que pueda acceder con mejores niveles de competencia a la universidad o al mundo del trabajo. Aunque no debiera ser su objetivo final, la ampliación en dos años obviamente adelgazaría las actuales y poco edificantes estadísticas de abandono escolar a los 16 años y aliviaría la legión de jóvenes nini que no hallan resquicio en un rígido mercado laboral. Pero falta el acuerdo social y político que blinde el sistema.
