La inspiración religiosa de las celebraciones populares en municipios aragoneses resulta innegable. Tanto como que la aconfesionalidad del Estado promulgada en la Constitución tuvo más de declaración incompleta de modernidad que de otra cosa. Por eso, no hay que rasgarse las vestiduras. La ordenanza de protocolo aprobada ayer por el Ayuntamiento de Huesca no prohíbe a los concejales acudir a misas o procesiones, sino que aquel que quiera hacerlo lo hará en su condición de ciudadano y no representando a nadie. Y lo mismo con los empleados municipales. No hay más. La escandalera, con el PP desmarcándose y anunciando que incumplirá la norma, rememora la vivida hace unos meses en Zaragoza, donde se produjo un debate calcado. Solo que el PSOE de Luis Felipe ha sido más valiente que lo fue el de Pérez Anadón.