Lambán, Gimeno y Olona han entendido muy poco de la propuesta de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) sobre el Impuesto de contaminación de Aguas (ICA) que, como el resto de grupos parlamentarios en las Cortes, conocen desde hace más de tres meses.

En el 2001, el 72% de la población aragonesa tenía resuelta la depuración en Aragón. Lo hacían con 43 depuradoras en las principales poblaciones. Zaragoza, pagando el coste de unas depuradoras que, en el caso de La Cartuja, ha tenido un diseño muy caro y que hoy es prácticamente ineficiente según una auditoría del 2015 y que necesita de una total reconstrucción.

En el resto, se hicieron con la ayuda de fondos europeos. Con excepción de Zaragoza, la diferencia entre lo que se ingresa y lo que cuesta el mantenimiento esas 41 depuradoras, nos deja un superávit de 15 millones de euros anuales. Así, por ejemplo, Jaca , Huesca y Teruel capital ingresan en la caja común entre seis y cuatro veces más que los costes que supone el mantenimiento de su depuración. Eso si, con unos ingresos por depuración marcados por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), que son los más caros de España.

La situación de insostenibilidad del proceso viene a partir del 2004 con la construcción de 131 depuradoras, por el llamado modelo concesional a empresas privadas, para el resto de poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes dentro de lo que se llamó el Plan especial de depuración de Aragón. La diferencia entre los ingresos y costes que estas poblaciones tienen al año suponen unos 26 millones de euros, pero en este caso de déficit anual. En 20 años de explotación supondrá más de 500 millones de deuda que engrosarán los beneficios de empresas privadas y entidades financieras.

La diferencia de los 11 millones de déficit anuales en las cuentas generales de depuración es lo que RAPA defiende que tiene que ir a los presupuestos generales de la comunidad aragonesa porque se han generado de forma suntuaria por un mal diseño de las depuradoras y que, en consecuencia, los aragoneses no están obligados a pagar en sus recibos del ICA.

A ello, habría que sumar anualmente el esfuerzo inversor del resto de infraestructuras de depuración que son necesarias en el Pirineo y en las 450 poblaciones pequeñas del territorio. En el primer caso, esas obras también defendemos que se hagan con los presupuestos generales de la comunidad porque debieran haberse construido con los 142 millones de ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y que como bien señalaba el presidente de la Cámara de Cuentas, se desviaron a otros usos. Entre ellos, 28 millones de euros a plantas de transformación de purines que en la actualidad están abandonadas .

Ante esta situación, RAPA plantea que el esfuerzo recaudatorio que tienen que hacer los aragoneses, se repartiera en una tasa municipal, en el caso de Zaragoza, y tasa autonómica para los que tienen cedidas sus competencias al Instituto Aragonés del Agua. Así,todos los aragoneses pagarían lo mismo y estimamos en 0,92 € el m³ cúbico depurado que es la media de depuración en España. La diferencia entre la tasa pagada y el 0,92 € es lo que sería el impuesto autonómico a pagar por cada población aragonesa. Las poblaciones que no tienen depuración, solo pagarían el impuesto autonómico y que valoramos en su caso, en 0,10 € por m³ depurado.

Ello supone bajar la cuota del 1,1, que es lo que se paga de media en Aragón por la depuración, a 0,92 euros. Un 16,4 % menos para todos los aragoneses que en este momento depuran sus aguas. La RAPA, por razones de corresponsabilidad, no defendemos ni prebendas ni diferencias de los zaragozanos con el resto de Aragón. De aquí que la última propuesta del Gobierno aragonés de subvencionar los costes del ICA a los zaragozanos en un 10% la desechamos por injusta con el resto de Aragón y claramente insuficiente.

En nuestro planteamiento, los sujetos pasivos serían los ayuntamientos. En vez de 700.000 abonados habría solo 731, tantos como ayuntamientos aragoneses y tal como lo hacen la totalidad de las comunidades españolas. Con ello, los 1,4 millones que pagamos anualmente a una entidad privada por el cobro de recibos se aportarían a los ayuntamientos por pago a las cargas administrativas del cobro de estos y conseguimos unas administraciones más próximas y eficientes. Para el caso de altas y bajas o errores en los recibos, un aragonés no tiene que dirigirse al IAA. Y lo que es más importante, recuperamos la competencia de la gestión del agua en los municipios que nunca se debiera haber perdido. Otra cuestión es que a los pequeños municipios haya que ayudarles en todo lo concerniente a la gestión del agua. El IAA, diputaciones provinciales y comarcas tienen un gran papel que cumplir.

Desde la RAPA, hemos iniciado otra tanda de asambleas por Aragón y barrios de la capital para los dos próximos meses. A ellas queremos llevar las diferentes alternativas que los grupos parlamentarios nos han prometido que concretarán y la posición de la RAPA. Somos los primeros interesados en dar una pronta respuesta a los 37.000 recursos recogidos a los que hay que añadir los del IAA y los más de 100.000 impagos hechos hasta la fecha. No podemos entrar en el próximo cobro de los recibos del 2017 sin una justa solución.

El buen estado de los ríos no solo depende del esfuerzo depurador que podamos llevar a nivel doméstico. En la revisión del nuevo plan de saneamiento habrá que contemplar,en especial, el efecto contaminante de las grandes explotaciones agroganaderas para que contribuyan económicamente en su justos términos. H *Miembro de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA)