El Título VIII de la Constitución fue útil. Diseñó el procedimiento que permitió al pueblo aragonés recuperar las libertades y el autogobierno arrebatado en 1711, por derecho de conquista, por el primer Borbón. Cumplió su función. Pero ha quedado superado por la realidad política y social. Es uno de los aspectos más desfasados de la Constitución. Ha llegado a un punto muerto.
Solo se habla de Cataluña. Pero Cataluña no es el problema, sino el síntoma de un conflicto mucho más profundo, que afecta al conjunto de la estructura territorial de España. La situación catalana refleja la complejidad y heterogeneidad del Estado de las Autonomías, nunca culminado (o, quizá, imposible de culminar). Pero, sobre todo, evidencia su superación en los términos en los que se planteó y desarrolló durante la Transición.
El modelo territorial del 78 está agotado, ya no da más de sí. Pero todavía no hemos empezado a construir una alternativa para sustituirlo. Todo lo contrario: hemos retrocedido de forma preocupante. Asistimos a un proceso recentralizador y homogeneizador muy intenso, que coincide con el descrédito de las instituciones democráticas.
El problema es del modelo territorial en su conjunto, en el que conviven formas federales o cuasi-federales con un fondo profundamente centralista. Formalmente, las Comunidades Autónomas, al menos en algunos aspectos institucionales o competenciales, gozamos de un nivel de autonomía política homologable a algunos Estados federales. Y eso a pesar de la complicidad recurrente del Tribunal Constitucional con las tesis más centralistas.
Pero, desde el punto de vista de la financiación, el centralismo es tanto de forma como de fondo. Y es evidente que no hay autogobierno político real sin verdadera autonomía financiera. Eso lo saben muy bien los centralistas, los nuevos y los de siempre, que quieren reducir el autogobierno a una mera descentralización administrativa.
El principal déficit de la actual estructura territorial del Estado es la financiación. Un problema que afecta no solo al modelo de convivencia entre territorios, sino, especialmente, a la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, a la cohesión social, a la igualdad de oportunidades.
Cada centímetro que retrocedemos en el autogobierno político y la autonomía financiera, retrocedemos un metro en el estado del bienestar, del que somos garantes las Comunidades Autónomas: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda…
El Estado regula y recauda la mayor parte de los impuestos, y cede a las Comunidades Autónomas una pequeña parte, insuficiente a todas luces para financiar nuestras competencias (especialmente en un territorio como Aragón, extenso y poco poblado, envejecido, con baja densidad y alta dispersión de población). El Estado reparte de forma abusiva los objetivos de déficit. El Estado decide si las Comunidades Autónomas podemos o no endeudarnos. El Estado utiliza arbitrariamente sus inversiones con criterios políticos. El Estado decide incluso la tasa de reposición de empleados públicos. El Estado nos controla a través de la financiación (o, mejor dicho, de la falta de financiación).
Cuarenta años después de la Constitución, dos generaciones después, sigue la tutela del Estado sobre las Comunidades Autónomas, lo que limita y lastra nuestro desarrollo político, social, económico y cultural.
La sociedad ha evolucionado en estas cuatro décadas de forma exponencial. Las Comunidades Autónomas han madurado y se han consolidado, se han demostrado útiles y necesarias. Perciben la realidad política de forma muy diferente a como se ve desde Madrid. Ya no les sirven los cauces actuales para ejercer el autogobierno y relacionarse con el Estado. Pero la estructura territorial sigue igual, o peor.
Es urgente que empecemos a construir una alternativa, que respete el derecho de los pueblos a ser protagonistas de su futuro. Una alternativa en clave federal y republicana, bajo los principios de la solidaridad entre territorios y personas, o seguiremos arrastrando la desigualdad social y los conflictos históricos nunca resueltos. Una alternativa en clave territorial, pero también social, que garantice los servicios públicos del estado del bienestar.
Debemos iniciar una segunda transición, que refuerce las libertades y los derechos civiles, sociales, laborales y culturales, que regenere en profundidad el sistema democrático y que avance de forma decidida hacia el reconocimiento, no solo retórico, sino real y efectivo, de la realidad plurinacional del Estado. No podemos perder más tiempo.
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</b><b>*Presidente de Chunta Aragonesista (CHA) y consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda</b>
