Ni siquiera de lado, como el cangrejo, el Gobierno de Aragón parece preferir la marcha atrás con la pretendida demolición de la emblemática Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes. Treinta años atrás, en las barriadas obreras de Zaragoza, el movimiento vecinal arrancaba a la Administración espacios pergeñados para la especulación urbanística integrándolos en el escaso espacio público: parques, dotaciones educativas, centros cívicos… Baste recordar los ejemplos del Parque Torre Ramona o del Jardín de la Memoria.
Pero hoy, cuando la resaca de la burbuja inmobiliaria no ha desaparecido y nos adentramos en una nueva crisis, nuestros próceres de la DGA optan en Torre Ramona por la piqueta y el ladrillo en lugar de la conservación y la dotación pública para el vecindario.
La historia, como tantas veces, se repite. Hacia 1900 un indiano zaragozano cede 13 hectáreas de la conocida como Torre Ramona a la diputación provincial para sus obras de caridad; en 1914 esta transfiere la torre al Gobierno de la Nación de Dato, que asume los gastos del psiquiátrico y reformatorio (El Buen Pastor) que albergan sus dependencias y que desde 1917 gestiona la congregación de los Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. El edificio se acondiciona en los años 20, con proyecto del arquitecto Regino Borobio, como «granja de reeducación para 70 muchachos abandonados o delincuentes, con talleres de carpintería, cerrajería, alpargatería, agricultura y jardinería». En 1960 el Gobierno del general Franco nuevamente cede la finca para uso escolar a las monjas de la Pía Unión de Nuestra Señora del Pilar para Hispanoamérica y Filipinas. En 1980 se consigue la propiedad municipal de una parte de la torre (47.938 metros cuadrados), inaugurando el parque en 1983 y catalogándola como zona verde el PGOU de 1986, pero conservando las monjas en usufructo más de 5.000 metros cuadrados. En 1990, el Ministerio de Hacienda revoca la cesión a la Iglesia, que será recurrida pero ratificada por sentencia del Tribunal Supremo en el 2003. Esos terrenos pasan a manos del Gobierno regional en el 2010 como compensación de la deuda histórica del Ejecutivo central.
¿Y en el 2018? Si la voluntad política y la presión de la ciudadanía no lo impiden las dependencias actuales de Torre Ramona no serán más que para el recuerdo de historiadores, arquitectos y nostálgicos de la ciudad.
La empresa pública de la DGA, Suelo y Vivienda, pretende su derribo argumentando sesudamente que «el edificio se encuentra en estado ruinoso, tiene problemas y genera riesgo». Por suerte los romanos no pensaron lo mismo de su Coliseo, o los peruanos de su antiguo poblado de Machu Picchu.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza contempla la parcela como una unidad de ejecución susceptible de desarrollo urbanístico. Pero convendrá recordar al actual consejero de Hacienda de la DGA, que en el 2013, ocupando responsabilidades en el gobierno de la ciudad votó con su grupo socialista, junto con IU y CHA, en contra de la recalificación a uso residencial de dos parcelas calificadas como equipamiento educativo público, curiosamente promovidas por la congregación religiosa antes citada y la fundación de la misma órbita Rey Ardid (Expediente núm. 954729/2012). Los desinteresados promotores fundaban su motivación en que el colegio de las religiosas había dejado de funcionar. Para rebatir la recalificación las fuerzas de progreso argüían que «su calificación como residencial privado supondría, además de la pérdida de una superficie calificada como equipamiento público por el planeamiento, un incremento del aprovechamiento lucrativo que debería someterse al régimen de las actuaciones de dotación en suelo urbano».
La piqueta en Torre Ramona representa volver al pasado, allanar el camino al negocio especulativo, sustraer a los vecinos y vecinas de Las Fuentes de edificaciones y suelos para el disfrute público. Desandar un camino emprendido hace décadas de reivindicación de lo público. Volver para atrás, como el cangrejo.
*Responsable de Urbanismo de la FABZ
