Más parecía una reflexión política que estrictamente económica o empresarial. El Consejo Aragonés de Cámaras y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme en la comunidad exhibieron ayer con contundencia su exigencia de una Travesía Central por el Pirineo como una necesidad de toda España tras los recientes incidentes en las carreteras catalanas y vascas que colapsaron la circulación en las conexiones con Francia. Suena a muy precipitada la demanda cuando los hechos, aunque cercanos, reales y costosos en términos económicos, no se pueden considerar habituales --más bien excepcionales--ni que de persistir dejen de ser abordados por el Gobierno con la necesaria contundencia que elimine o minimice sus efectos. Es ponerse la venda antes de la herida e incidir en captar la atención de toda España como solución a una incertidumbre territorial que debe canalizarse en otros ámbitos, esencialmente políticos y con las menores interferencias posibles.
La demanda de la infraestructura que atraviese la cordillera en baja cota, además quedó olvidada en 2012. Aunque Europa la estudiara en su momento, las afecciones medioambientales que su construcción supondría y los elevados costes de ejecución hicieron que la iniciativa fuera decayendo. Propuestas como el corredor Cantábrico-Mediterráneo han ido asumiendo los equilibrios de transporte que la comunidad demandaba. Y también sorprende la persistencia en la reclamación empresarial del eje carretero a través del Somport con Francia, cuando este país nunca ha cedido a transformar el valle del Aspe en una autovía. Son demandas que a lo largo de los años han mostrado las dificultades para llevarse a cabo, en decisiones que no competen a la comunidad ni al Estado español, aunque se haya presionado sobre ellas. Los empresarios, como voz autorizada deben promover iniciativas de desarrollo, pero volver a posiciones estancadas no parece la mejor manera de mirar al futuro.
