La gravedad de los hechos probados en el primer juicio por el caso de los ERE en Andalucía justifica la dureza de las penas impuestas a 19 de los 21 procesados. Los delitos de malversación -680 millones de euros- y prevaricación cometidos por algunos de los máximos responsables de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009, con el conocimiento o el beneplácito de dos presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no son menos reprobables por el hecho de que ninguno de los encausados engrosara su cuenta corriente o allegara fondos a su partido, y el tribunal así lo ha entendido. La corrupción es inexcusable en cualquier servidor público, aunque no se lucre con ello; las redes clientelares y el amiguismo son dos lacras sin justificación posible y el descontrol en la administración del erario es simplemente intolerable.

Para el PSOE de Andalucía, la sentencia marca el final de una etapa. Con independencia de los efectos electorales que pueda tener en el futuro, el partido debe sanearse. Después de la sacudida que supusieron los resultados de las elecciones autonómicas de mayo, el correctivo judicial hace que la renovación sea ineludible si se quiere evitar que languidezca el legado político del socialismo andaluz.

Al mismo tiempo, es de esperar y desear que la sentencia, y las que le seguirán por casos conexos o similares, representen en punto final de una época en que la corrupción fue de la mano de un sistema bipartidista y de la perpetuación en determinados poderes territoriales. Después de la sentencia del caso Gürtel, de la de los ERE y de las causas que interesan el universo convergente, el futuro debe consagrar la transparencia como norma en la política y la renuncia de los partidos al griterío y a las acusaciones cruzadas. Eso incluye prescindir de la demagogia y de las exigencias absurdas, como la petición de responsabilidades políticas personales dirigida por el PP a Pedro Sánchez tan pronto se conoció la sentencia. Aunque el PP no pidió explícitamente la dimisión, como sí hizo Ciudadanos.

Puede que fuese previsible la reacción en caliente de los populares, pero no deja de ser un factor perturbador que deforma la realidad y pretende meter a todo el mundo en el mismo saco. Nadie de la dirección federal del PSOE en activo tuvo el menor contacto con los hechos encausados, incluido el hoy presidente del Gobierno en funciones. De la misma manera que el vínculo de Mariano Rajoy con la Gürtel no admitía discusión, el de Pedro Sánchez con los ERE fraudulentos es inexistente; a diferencia del PP, que resultó condenado por financiación ilegal, el PSOE no lo ha sido, lo que no obsta que deba hacer una reflexión seria sobre su pasado. No se trata de cuestiones de matiz, sino de hechos relevantes que hacen injustificable la exigencia de que, puesto que Rajoy fue sometido a una moción de censura que le costó el puesto, Sánchez deba ahora presentar la dimisión por motivos supuestamente equiparables. Es de tal urgencia la necesidad de disponer cuanto antes de un Gobierno estable que saque al país de la provisionalidad que resulta lamentable el intento de poner más obstáculos a la operación de las que de por sí ya tiene.