La prioridad absoluta en la crisis causada por el coronavirus es atajar el problema de salud pública que a nivel mundial está causando con un impacto de dimensiones que empiezan a ser dramáticas y lo que es peor, sin saber muy bien cuándo se atajará este problema. Pero paralelamente se está empezando a percibir el gran perjuicio que va a ocasionar en las economías domésticas, especialmente en aquellas donde miembros de las familias pierdan su trabajo a causa del cierre de sus negocios o la caída de ingresos de las empresas donde trabajan.

Por este motivo, las autoridades han empezado sus propios plan de rescate, tímidos todavía, pero ambiciosos. En el caso de las administraciones locales, están empezando a buscar fórmulas, como las que ayer se fueron avanzando. De este modo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ya ha anunciado que aplazará a julio el 50% del pago del IBI que se tenía que cobrar en próximas fechas. Junto a esta iniciativa, es posible que se adopten otras en próximas fechas, relacionadas con tasas e impuestos, como también se están planteando otros ayuntamientos. En Sos del Rey Católico, villa turística, por lo que va a sufrir el impacto económico del estado de alarma, se aplaza el impuesto de circulación.

Todas estas iniciativas son bienvenidas porque contribuirán a hacer más llevaderas las penurias económicas que puede acarrear el efecto del aislamiento forzoso e imprescindible para que concluya cuanto antes esta crisis como hacía décadas que no se conocía. Son fórmulas que aliviarán temporalmente los bolsillos de muchas familias que pueden pasarlo mal económicamente. Eso sí, todas las administraciones (que también van a necesitar suficientes ingresos para reforzar a través de lo público la más que probable recesión económica) deberían analizar si conviene aplazarlo para todos o únicamente a los que puedan perder su trabajo o sufrir un grave perjuicio económico.