Este fin de semana tal vez ha sido el más difícil para el Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus. El sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el parón de toda actividad económica no considerada como un servicio esencial par evitar el colapso del sistema sanitario. Hasta el sábado, el Gobierno había resistido las presiones para endurecer el confinamiento de colectivos científicos, comunidades como Cataluña e incluso de Unidas Podemos. Sánchez y el equipo económico se resistía a decretar un parón casi total por el evidente daño a la economía que supone la parálisis. Pero el sábado el Gobierno cambió de opinión, abriendo un periodo de veinticuatro horas preñado de confusión, filtraciones y presiones de la patronal y de comunidades autónomas que se oponían a la media. Como consecuencia, hasta el borde de la medianoche el Gobierno no publicó el Real Decreto que detallaba qué actividades se consideran esenciales. Que ante las dudas creadas fuera necesario decretar una moratoria en la aplicación del decreto ejemplifica la confusión que transmitió el Ejecutivo este fin de semana.

Vaya por delante que la gestión de una crisis de esta envergadura desde posiciones de responsabilidad es una tarea titánica. Sucede en España, en Italia, en Francia y en todos los países azotados por el covid-19. También hay que tener en cuenta que la evolución de la pandemia es muy cambiante, y que los Gobiernos se ven obligados a tomar decisiones en poco tiempo, bajo condiciones muy difíciles. En este sentido, la hibernación de la economía, en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se antoja como una decisión necesaria para evitar el colapso de hospitales y ucis. Que la salud de los ciudadanos es prioritaria está fuera de toda consideración.

Ahora bien, es difícil entender y justificar que el Gobierno no hubiera preparado con detalle un escenario plausible como era el del endurecimiento del confinamiento. En el debate parlamentario del miércoles se habló largo y tendido al respecto. Era evidente desde hacía días que si se daba ese paso lo más importante sería decidir qué servicios se consideraban esenciales. Que entre el anuncio el sábado y la publicación del Real Decreto pasaran más de veinticuatros de fuerte debate en el seno del Gobierno, entre autonomías y con los agentes sociales da a la ciudadanía una imagen de improvisación y confusión que produce desasosiego. Tampoco es de recibo que una medida que causará la pérdida de 49.000 millones de euros en un mes (el 2% del producto interior bruto de todo el año) se tratara a contrarreloj con los sectores implicados. A pocos minutos de la entrada en vigor del decreto, había trabajadores que no sabían si el lunes debían ir a trabajar.

Tiene razón el Gobierno al pedir lealtad, unidad y responsabilidad a la oposición, los gobiernos autonómicos y los agentes sociales. El politiqueo gratuito es nocivo y sobra en estos momentos de emergencia. Pero el escenario del endurecimiento del confinamiento debería haberse diseñado con antelación. Los titubeos en la gestión dañan también su efectividad.