El coronavirus y no dejar a nadie atrás

Ha llegado pues el momento de vivir una reconstrucción solidaria de nuestra red de servicios públicos asistenciales, de la atención a la dependencia, de la educación en sus diversos niveles, la hora de la inversión en una maltrecha sanidad pública, de la dotación de medios eficientes a la Justicia y la puesta en valor del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de unas políticas migratorias respetuosas con los derechos humanos y el derecho internacional. Se vislumbra la hora de pactar unas relaciones laborales que equilibren los derechos e intereses legítimos del tejido empresarial y de los trabajadores, y que dispongan de herramientas para eliminar la brecha salarial entre géneros. Y nos preparamos para el parto, en definitiva, de un mercado de vivienda público en el que se garantice el acceso de colectivos económicamente vulnerables.

Si uno aguZA un poco el oído, no es esto lo que nos aprestamos a ver. Las nubes tormentosas se ciernen en el horizonte post-covid-19. Elegimos constantemente, elegimos en muchas circunstancias de la vida, somos europeos y podemos elegir, y esta ocasión no va a ser la excepción. Y ya lo hemos hecho: animamos al Gobierno español a que impulse las medidas de desescalada en el corto y medio plazo, queremos continuar nuestra ajetreada vida.

Mientras tanto, pagaremos un peaje que estamos dispuestos a pagar: dejaremos atrás a todo aquel que esté lejos todavía del andén, tocaremos el silbato que señala que el tren está a punto de partir de la estación. Establece el Gobierno de Aragón que los inmigrantes con situación administrativa no regular y sin necesidad de estar empadronados hasta el 30 de mayo, tendrán asistencia sanitaria universal, pero ni un solo día más. Si vamos a Madrid, nos topamos con medidas gubernativas mediante las que millones de euros públicos van a ir a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social que debían pagar las empresas. Y a muchos kilómetros del Manzanares, Ursula von der Leyen nos anuncia que la Comisión Europea creará un Fondo de urgencia de unos 100.000 millones de euros puesto que «muchas empresas se han quedado sin ingresos, y si no hacemos nada, tendrán que despedir a sus trabajadores», y en el día de hoy, el presidente del Eurogrupo señala la movilización de 500.000 millones de euros, de forma suficientemente ambigua, como para dar a entender que acogerse a estas ayudas implicará dolorosas reformas macroeconómicas.

¡Ay, afanes de nuestra historia! Disfrazar de ayuda social el desvío de fondos públicos a las grandes empresas transnacionales de la City londinense.

Tenemos que establecer severas cautelas legales que no están apareciendo en el BOE, más allá de un impreciso compromiso empresarial de no bajar el nivel de empleo durante seis meses si se han beneficiado de ayudas públicas por causa del covid-19. Si queremos que exista cohesión social, la investigación y sanción de prácticas monopolísticas debe ser una realidad ya. Y si ciertas empresas aprovechan este río revuelto para realizar contratos en fraude de ley, la Inspección de Trabajo ha de contar con suficientes medios para investigar.

En sanidad, se debe optar por un sistema público, donde no tenga cabida la concesión o externalización de servicios a empresas privadas y donde, en el medio plazo, se derogue la Ley 15/1997. Los recursos del Sistema Nacional de Salud, sostenido por los impuestos, deben también destinarse a la consecución de una industria farmacéutica pública.

De otra forma, el grifo se cerrará y los únicos bidones que se habrán llenado de agua cristalina y libre de coronavirus, serán los que lleven el logotipo IBEX-35.

*Abogado. Secretario general de Puyalón de Cuchas