Parece innecesario decir a estas alturas que todos estamos mal. Lo que esperamos y deseamos es superar esta crisis sanitaria que se ha llevado por delante a varios miles de conciudadanos y mantiene a buen número en manos muy buenas manos, por cierto de nuestros sanitarios.

La inmensa mayoría que, por el momento, tenemos la fortuna de librarnos del azote pandémico afrontamos un futuro desolador. Doy por sabido los calamitosos datos sobre la situación económica: la increíble caída de un 5,2% del PIB español en el primer trimestre del año (afectado tan solo por medio mes de estado de alarma), así como la previsión de su descenso a finales de año a cotas nunca vistas desde la Guerra Civil y que podría rondar el 13%; el cierre temporal o definitivo de la actividad de miles de empresas y autónomos; la elevación real del paro (900.000 puestos de trabajo destruidos en la segunda quincena de marzo) y su incremento exponencial a corto y medio plazo, etcétera.

En estos momentos tan solo los funcionarios públicos pueden conciliar diariamente el sueño en la confianza nunca defraudada desde que existe el Estado como tal que al final de mes cobrarán su sueldo… y disfrutarán de vacaciones y permisos, por cierto. El resto de la población activa solo deseamos poder reanudar nuestro trabajo, pues de ello comen nuestras familias, adoptando a tal fin las medidas de seguridad individuales y colectivas que los expertos sanitarios determinen, ¡cómo no!

Recientemente se ha venido a recordar en diversos medios de comunicación que en nuestro país una tercera parte de la población genera la riqueza para que el Estado asuma salarios, pensiones y rentas de las dos terceras partes restantes. No tengo datos suficientes ni conocimiento técnico para afirmar si lo anterior es un diseño correcto o mantenible. No obstante, lo anterior no pretende ser objeto de estas líneas.

Hace unas fechas se publicó una norma legal, el Real Decreto Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, como primer paso para «alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales», según se expresa textualmente en el preámbulo.

En el primer artículo se establece que el mes de agosto se declara hábil, excepción hecha de los primeros días. No suprime el período vacacional del personal que, al servicio del Estado, prestan su servicio en la Justicia.

Parece correcto y, aún más, es imprescindible, que se intente dinamizar la actividad de los tribunales. No es por nada, pero siempre estos han adolecido de un retraso inaceptable por lo que cualquier medida razonable para su reactivación es bienvenida.

Pero si los funcionarios públicos mantienen su derecho a las vacaciones cuestión en la que no entro, ¿quién garantiza que habilitar el mes de agosto para las actuaciones de los tribunales sea una medida eficaz? Al fin y al cabo buena parte de los servidores públicos descansarán en ese mes y, por ello, ¿quién trabajará en ese mes?

El tradicional permiso estival en la Administración de Justicia solía pasar porque cada funcionario pudiera disfrutarlo, de forma continuada o fraccionada, en los meses que podemos denominar de calor, de junio a septiembre. Ello comportaba que durante cuatro meses las plantillas judiciales, desde jueces a auxiliares pasando por fiscales y forenses, escalonaran sus vacaciones y, por ello, la maquinaria de la Justicia no funcionaba al 100% durante ese largo periodo.

Ante ello según el criterio de los 83 colegios de abogados de España expuesto en varios textos recientes parece más razonable que las vacaciones estivales se concentren para todos los operadores jurídicos en los mismos días, de tal manera que desde que se levante el estado de alarma todos trabajemos a la vez con la máxima dedicación y eficacia. Con ello se conseguiría la eficiencia que, no solo el real decreto ley citado pretende, sino lo que desean los ciudadanos: que saquemos adelante los asuntos que tienen ante los tribunales.

La otra alternativa es que suprimamos para todos las vacaciones de verano.

Habilitar el mes de agosto para todas las actuaciones judiciales solo implica que los ciudadanos y quienes los defienden, los abogados, tengan que estar de forma permanente al llamamiento y exigencias de los tribunales.

Si usted es médico, repartidor, policía, transportista, militar, gasolinero, limpiador, cocinero, abogado… y aunque haya trabajado a lomo caliente incluso durante el estado de alarma, no olvide llevarse el móvil a las vacaciones pues puede recibir la llamada de su abogado requiriéndole para que retorne sin demora.

Que nadie vea en este artículo intención alguna de criticar a tantos y tan buenos funcionarios públicos que en estas semanas no han tenido descanso alguno y han demostrado un compromiso ejemplar. Pretendo, por un lado, que todos tengamos los mismos derechos y, sobre todo, conseguir la máxima eficacia en la Justicia en estos duros momentos que nos afecta a todos.

*Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.