El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente el proyecto de Biscarrués, tras casi tres décadas de conflicto, ratificando la anulación dictada por Audiencia Nacional. De esta forma, los tribunales allanan el camino del diálogo social del agua, como ocurrió hace años con el conflictivo embalse de Santaliestra. Al igual que en los demás conflictos de grandes presas, los sucesivos proyectos de Biscarrués, desde el primero, que preveía almacenar 192 hectómetros cúbicos, hasta el último, una presa de agujero de 35 hectómetros cúbicos, siempre fueron presentados como los únicos que podían resolver los problemas del regadío. Afortunadamente, eso nunca fue cierto. En todos los conflictos abiertos hay alternativas más baratas que permiten atender las legítimas aspiraciones del regadío, respetando los límites de sostenibilidad que impone la naturaleza y evitando los desgarradores costes sociales e impactos ambientales de esas grandes obras, más propias del siglo XX que no del siglo XXI.
Los jueces no han entrado a valorar la irracionalidad económica de un proyecto que habría ofrecido una ridícula regulación de caudales a un coste de 0,5 euros por metro cúbico, equivalente a desalar agua de mar; y que habría permitido recuperar apenas el 1% de la inversión requerida. Tampoco entraron a valorar el desastre económico que habría supuesto para la Galliguera, al impactar sobre las actividades de aguas bravas que han permitido levantar la economía comarcal, sin la menor subvención, y repoblar el territorio, ahora que tanto se habla de la España vaciada. Sin embargo, la sentencia cuestiona el pretendido interés general de la obra, dejando en evidencia que tal concepto, no se corresponde con el de interés público superior exigido por la Unión Europea. Y no es cuestión de nombre. Se cuestiona que no se argumente ese pretendido interés general, en contraste con otras alternativas más razonables y con menores impactos ambientales y sociales.
Pero lo más importante es que, una vez más, los tribunales nos allanan el camino de ese diálogo social, del que la propia DGA empezaba a hablar hace meses. Cuando Cristina Narbona, siendo ministra, fomentó el diálogo social del agua, se demostró que hablando se entiende la gente, y que había soluciones alternativas para los conflictos de Santaliestra, Jánovas y Matarraña. Aprovechemos la sentencia del Supremo y reabramos el Diálogo Social del Agua; y no sólo en torno al Gállego, sino también en torno a Yesa y Mularroya.
