El verano de 2020 comienza con un regusto amargo. La crisis abierta por el COVID-19, que hace unos meses desató las alertas sanitarias a nivel mundial, parece haberse extendido por toda nuestra estructura social y económica, ya de por sí precaria e inestable. Ahora que se empiezan a vaciar las camas en los hospitales y que el número de muertes diarias ya no es el dato con el que empiezan nuestras mañanas, comienzan a salir a la superficie las realidades que ya estaban ahí y que muchas estamos viviendo en primera persona. La crisis sanitaria parece haber mutado en crisis social como si de una prolongación natural se tratara; como si la precariedad, el desempleo masivo, la inseguridad laboral y los problemas cada vez mayores para pagar la cesta de la compra y los suministros básicos fuesen fenómenos derivados del coronavirus y no consecuencia de decisiones políticas. Pero sabemos que esto no es cierto, y no hace falta irse demasiado lejos para comprobarlo.
¿Qué pasa en Aragón?
Según los datos recogidos en los Informes económicos: Impacto del COVID-19 en la economía aragonesa del Grupo Asesor del propio Gobierno de Aragón, el número de trabajadores y trabajadoras aragonesas con un contrato en vigor o de alta como autónomos durante el último trimestre de 2019 era de 582.100. A 27 de abril de este año, 114.547 trabajadores y trabajadoras estaban afectados por un ERTE. A 31 de mayo, 36.320 autónomos aragoneses estaban cobrando la prestación extraordinaria reconocida por cese de actividad, lo que comúnmente se conoce como el “paro de autónomos”. El número de personas afiliadas a la seguridad social había descendido a finales de abril en 21.470 trabajadores y/o autónomos respecto de febrero. A estos datos tenemos que sumar las trabajadoras del hogar que han dejado de trabajar durante el estado de alarma y que han perdido sus salarios, y a todas las personas migrantes que trabajaban irregularmente por carecer de permiso de trabajo.
A la luz de estos datos podemos decir, sin temor a equivocarnos, que alrededor de un 30% de los trabajadores y las trabajadoras aragonesas ha visto afectados sus ingresos desde el comienzo de la pandemia. La situación de urgencia social se ha profundizado debido a la inacción de las instituciones. En mitad del confinamiento, el Ayuntamiento de Zaragoza dio orden explícita de no otorgar ayudas de urgencia para alojamiento, farmacia o suministros básicos y, a día de hoy, la mayor parte de centros de servicios sociales de la capital siguen estando cerrados. Es difícil encontrar datos de las ayudas sociales gestionadas por las comarcas, pero sabemos que las sedes de organismos que, como Cáritas, cumplen un papel esencial en muchos pueblos y ciudades, han estado también cerradas. La autogestión vecinal y la articulación de redes de apoyo mutuo en pueblos y barrios, que ha sido fundamental para la supervivencia digna de muchas personas, son fórmulas necesarias pero incapaces de hacer frente al gigantesco tamaño de las necesidades reales.
¿Es realmente todo esto una “consecuencia natural” más de la pandemia? ¿Acaso la crisis social se deriva irremediablemente de la crisis sanitaria? El 11 de marzo, en mitad de la saturación mediática del comienzo del confinamiento, el Gobierno de Aragón anunciaba un recorte en el gasto de 45 millones de euros para cumplir con una imposición del Ministerio de Hacienda y de la Troika, un recorte que afecta a partidas como los gastos de farmacia (sí, en plena crisis del COVID-19), Universidad y Educación. Apenas un año antes, el gobierno de Lambán confirmaba la casi eliminación del impuesto de sucesiones. Durante este primer año de aplicación del nuevo modelo de cálculo, Aragón ha perdido 36 millones de ingresos tributarios. Ya antes de la reforma se tributaba sólo por las herencias que superasen los 150.000 euros por heredero, aunque esa exención no se aplicaba para los herederos que tuvieran un patrimonio propio previo mayor de 400.000 euros. Con la modificación de 2018 la parte exenta se ha ampliado a los primeros 500.000 por heredero, sea cual sea el patrimonio previo de cada uno. Teniendo en cuenta estos datos, podemos concluir que no han sido, precisamente, las clases populares las que se han beneficiado con la modificación del impuesto. Es decir, solo entre noviembre de 2018 y octubre de 2019, el gobierno de Lambán les ha ahorrado 36 millones de euros a las familias más adineradas de Aragón.
El actual gobierno, encabezado por el Partido Socialista pero integrado también por el PAR, Podemos y Chunta Aragonesista, sigue así la senda de los distintos ejecutivos que le sucedieron y renuncia a usar las herramientas disponibles para favorecer una redistribución de la riqueza y la creación de un modelo de servicios públicos democrático, accesible e igualitario. En lugar de eso, ha continuado enriqueciendo a unos pocos a costa de esquilmar los recursos de todos. Recursos que podrían servir como paliativo y dique de contención de una crisis como la que vivimos.
Que el 90% de las muertes a consecuencia de la COVID-19 se hayan producido en las residencias de mayores es un claro ejemplo. Varios centros han tenido que ser intervenidos por el gobierno y todavía no conocemos la magnitud del desastre. El 70% de las plazas aragonesas son privadas, un negocio concentrado en unas pocas empresas que genera beneficios a costa de la reducción de derechos laborales, bajos salarios y recortes en la atención y salud de nuestros abuelos y abuelas. El otro gran y escandaloso negocio, el de la sanidad privada (y la externalización de servicios, los conciertos, los pelotazos urbanísticos, etc.), tampoco se queda atrás. En mitad de la crisis sanitaria y mientras que Pilar Muro, expresidenta del Grupo Quirón, acumula nada menos que 290 millones de euros (¡se dice pronto!), el Ayuntamiento de Zaragoza anunciaba la venta de suelo público para un nuevo macro-hospital privado cuya gestión se disputan tanto Quirón como el Grupo Ribera.
¿Cómo es posible que se nos diga que no hay recursos para hacer frente a las urgencias sociales mientras se regala la gestión de lo público y se renuncia a recaudar allí donde está el dinero? El Gobierno de Aragón pretende hacer pasar por interés común (con la sempiterna excusa de la creación de puestos de trabajo) lo que no son sino favores a las grandes fortunas y regalos a grandes multinacionales. Lo hemos visto recientemente con Amazon, cuyas pretensiones de instalarse en nuestro territorio se han visto compensadas con la exención del pago del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, además de las licencias urbanísticas y la promesa de disponer de suministro eléctrico necesario a través de nuevas líneas de alta tensión. Mientras que Amazon disparaba sus ventas en mitad de la pandemia, parece como si Aragón pudiera permitirse dejar de cobrar unos ingresos básicos que podrían servir para reforzar nuestros esquilmados servicios públicos.
Esto no es nada nuevo, claro. Así fue también en el caso del macro-matadero de Binéfar (Grupo Pini), al que en su momento se le facilitó el aterrizaje en el territorio con la ayuda de cargos políticos del ayuntamiento y comarca. A pesar de las advertencias sobre la irregularidad de los negocios de la familia Pini, con cargos judiciales por delitos fiscales en Hungría y Polonia, el matadero ya está en pleno funcionamiento. Las consecuencias las conocemos bien: precariedad laboral, alojamientos insuficientes para los trabajadores obligados a compartir vivienda, amenazas de despido si les daban la baja médica y falta de medidas sanitarias suficientes para evitar los contagios en los propios centros de trabajo. Como era de esperar, el nuevo brote de COVID-19 detectado en Binéfar se ha extendido ya por varias comarcas.
¿Quién va a pagar la factura?
El estallido de esta crisis multidimensional y extraordinaria y las medidas (parciales e insuficientes) aprobadas por el gobierno para paliar los efectos económicos del confinamiento en forma de prestaciones y subvenciones extraordinarias han disparado el gasto público. Está por ver ahora cómo se paga esa factura que, en parte, será también municipal y autonómica. Si se mantiene la costumbre habitual de hacer favores, perdonar impuestos y regalar recursos a quienes más tienen, las consecuencias serán claras: recortes en gastos sociales, más precarización de los servicios públicos y más miseria para las clases populares. Los efectos sociales de la crisis de la deuda que vivimos en 2010 van a parecer un chiste en comparación con esto.
¿No hay otra salida, entonces? Por supuesto que sí. La alternativa más viable al endeudamiento público sigue siendo la redistribución de la carga tributaria. Que sean los que más tienen los que paguen más impuestos en vez de seguir, como hasta ahora, funcionando en contra de la lógica más básica. Basta ya de permitir que un puñado de familias acumulen cantidades de dinero obscenas mientras que el salario medio en Aragón apenas supera los 1.500 euros. Salario medio, decimos: imaginad lo que tiene que ganar al mes alguna gente para compensarnos a todas las que sobrevivimos con 800 y 900 euros.
Las dinámicas del capitalismo siempre tienen un punto de impudor y grosería, pero hay momentos en que la falta de vergüenza alcanza niveles de insulto explícito. Si existen en Aragón familias que reúnen casi 2.000 millones de euros (Balet y Aragüés) o personas que acumulan hasta 1.500 millones (nos referimos a Ángel Luengo), entonces es mentira que no haya dinero. Lo que no hay es voluntad política de hacer que los que más tienen paguen la cuenta. Sabemos que nuestras vidas precarias y sus vidas de fausto no son realidades paralelas estancas sino que están íntimamente relacionadas: los 400 millones de Alfonso Solans (Pikolín) o los 200 de la familia Samper (Forestalia y Grupo Jorge), por poner más ejemplos, son posibles únicamente por el progresivo desmantelamiento de lo público, la inexistencia de una fiscalidad justa y la normalización de niveles de precariedad e inseguridad vital cada vez mayores para todas nosotras.
Justo ahora que la pandemia ha hecho tambalearse temporalmente muchas de las certezas y de las jerarquías de prioridades de nuestra sociedad, es urgente abrir el debate de quién va a pagar los efectos de la crisis. Necesitamos instaurar una “tasa COVID” a nivel europeo pero también, y de manera más inmediata, acabar con todas las trampas que los ricos nos hacen en casa. Repartir el trabajo (también el reproductivo) y asegurar condiciones laborales dignas para todos y todas. Blindar la sanidad pública y prohibir la acción privada y mercantilizada en ese y otros sectores. Impulsar procesos de regularización masivos que acaben con las condiciones deplorables en que viven y trabajan los temporeros de la fruta en La Francha o los manteros en Huesca y Zaragoza. Permitir un mayor control social y participación de los trabajadores en las empresas para asegurar su futuro y utilidad social y evitar repetir situaciones como la que estamos viendo estos días en Andorra. Acabar de una vez con las rebajas de suelo público, las exenciones fiscales y los regalos en forma de impuestos y concesiones.
Sabemos que lo que proponemos no es un camino fácil y que, desde luego, no se resolverá pacíficamente en comisiones parlamentarias. Pero es la única vía para evitar que seamos de nuevo las clases trabajadoras quienes paguemos con nuestro sudor una factura que no hemos provocado. Más allá de parches temporales que retrasen el problema, es fundamental impulsar un movimiento por la redistribución de la riqueza en todos los ámbitos posibles. Que el reforzamiento de la sanidad y la educación, la preparación de una flota suficiente de vivienda pública, las ayudas a PYMES y autónomos, la correcta atención y cuidado a nuestras personas mayores, el incremento de ayudas sociales… lo paguen los ricos. También en Aragón.
* Julia Cámara e Itziar Apellániz, militantes de Anticapitalistas Aragón.
