Un parámetro para medir una sociedad democrática es analizar la extensión y calidad de la Justicia que se imparte. Ciertamente hay otros baremos de medición, pero éste es más que significativo.
No es mi intención analizar en estos momentos la calidad de la Justicia; me limitaré a reseñar algunos datos sobre el sistema de la Justicia Gratuita pues, hoy 12 de julio, se celebra en España su día conmemorativo, la fiesta de la Justicia Gratuita.
En nuestro Estado contamos con un sistema de justicia gratuita que nada tiene que envidiar a los existentes en países de nuestro entorno europeo. Lo anterior no es opinión interesada sino dato expuesto por voces más objetivas y autorizadas que la mía. Por ello me atrevo a decir que si hemos de medir la calidad democrática de nuestra sociedad, y para ello utilizamos como regla de medición el sistema de justicia gratuita, obtendríamos una buena nota.
Pero esta institución adolece de carencias y, sobre todo, necesita una revisión y actualización. Los déficits del sistema son suplidos por la vocación, profesionalidad y el voluntarismo de los profesionales de la Abogacía que se dedican a defender a los ciudadanos más desfavorecidos económicamente; y por ello la justicia gratuita sigue funcionando a un alto nivel.
El Estado español ha dedicado a la asistencia letrada a detenidos, a la atención a víctimas de género y a todos los casos judiciales derivados del turno de oficio, la cantidad de 285 millones de euros. Con esto se han cubierto cerca de dos millones de asuntos amparados por la justicia gratuita, cantidad que no parece muy elevada si tenemos en cuenta que esa cifra supone un coste por cada ciudadano de seis euros.
Una tercera parte de los abogados ejercientes en España han trabajado en la llevanza de estos asuntos, lo que evidencia que no es una tarea residual ni anecdótica de la Abogacía.
Añádase a lo anterior la excelente opinión de los ciudadanos que han sido beneficiarios de este sistema. Según una reciente encuesta el 77% de los ciudadanos que han recibido servicios del turno de oficio y justicia gratuita los valoran como de buenos o muy buenos. Así el 78% de los usuarios califican la atención recibida de rápida, y el 80% evalúan positivamente la atención y asesoramiento recibidos por el Colegio de Abogados y por el abogado que les correspondió. Resulta curioso advertir que las valoraciones que realizan los que han utilizado el sistema es superior a quien no ha tenido oportunidad de hacerlo.
La afectación que la crisis derivada del Covid-19 está mostrándose, especialmente en el ámbito de la Justicia, debería hacernos reflexionar sobre qué nos deparará el futuro inmediato. Según el estudio al que me he referido, la clientela efectiva, hasta ahora, del servicio de asistencia jurídica gratuita comprende un total aproximado de tres millones de españoles; pero su clientela potencial máxima, a la luz de la situación actual y venidera, podría llegar a ser del orden diez millones de personas. Es decir, una cifra que triplicaría el total actual de usuarios.
En tal situación procedería ahora, más si cabe, revisar el funcionamiento de la justicia gratuita para evitar improvisar medidas cuando el problema sea una realidad. Evitemos este pecado de la improvisación tan frecuente en nuestro país.
Mientras tanto celebremos que nuestro Estado de Derecho se mantiene y sostiene, en buena medida, por la participación de la Abogacía y, muy especialmente, por la de los profesionales del turno de oficio.
