El virus avanza de nuevo. Con él, las restricciones. Y también –única noticia positiva– la capacidad de llegar a acuerdos entre las diferentes administraciones. El ministro de Sanidad, Salvador Illa , anunció la semana pasada nuevas medidas para luchar contra el covid-19. Todas ellas, que se implantarán en el conjunto del territorio español, fueron acordadas por unanimidad en la conferencia sectorial con las autonomías, quedando abierta la puerta a que cada comunidad aplique restricciones más duras en caso de necesidad. Un paso a valorar en dirección a lo que Pedro Sánchez definió como modelo de cogobernanza, que no es más que la aplicación leal por todas las partes del modelo competencial que caracteriza un Estado compuesto.
Coto a los botellones, prohibición de fumar en espacios públicos a menos que pueda asegurarse la distancia mínima; cierre de discotecas, salas de bailes y bares de copas; refuerzo en hostelería y restauración para garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros, tanto en mesas como en las barras; horario de cierre de restaurantes y bares a la una de la madrugada (con un tope de admisión desde las doce de la noche); procesos de evaluación de riesgo para eventos multitudinarios y nuevos controles en centros sociosanitarios...
A estas medidas se suman recomendaciones del Gobierno central para limitar los encuentros sociales que deberían ser interiorizadas y seguidas con una actitud mucho más responsable de la que muchos han mostrado hasta ahora. Un conjunto de medidas que suponen un auténtico y doloroso baño de realidad.
Los contagios están creciendo a un ritmo alarmante y, sin necesidad de estigmatizar a colectivos genéricamente, parece indudable que la relajación que acompaña las actividades de ocio en periodo estival no es nada ajena a ello. Este paso atrás aleja toda esperanza de una recuperación rápida pero es la única posibilidad para que en otoño puedan reemprenderse actividades tan esenciales como la educación.
