Como si de una tormenta perfecta se tratara, el curso político empieza en medio de una emergencia sanitaria, con la pandemia en segunda oleada; de una crisis económica y social, que los ERTE y la renta mínima vital solo alivian en parte; de un problema territorial, que puede agravarse con la probable inhabilitación en septiembre del 'president' Quim Torra por el Supremo, y del cuestionamiento de las
instituciones, en particular la Corona, como consecuencia de las noticias sobre la supuesta .
Si a ese panorama se suma la profunda polarización de la vida política española, que hace barruntar la imposibilidad de acuerdos entre PSOE y PP para aprobar los Presupuestos y se añaden las públicas tensiones en la coalición de Gobierno entre socialistas y podemistas y la dificultad para reeditar la mayoría de la investidura, con ERC más pendiente de las elecciones catalanas aún sin fecha, Pedro Sánchez tiene delante un escenario endiablado, repleto de incertidumbres, que deberían despejarse cuanto antes a riesgo, en caso contrario, de agravarse más en el futuro.
Esos son los datos objetivos, pero en política, a veces, lo que parece dramático acaba por cronificarse y pasa a formar parte de una caótica normalidad. No sería esta una buena opción, porque, de ocurrir, solo contribuiría a empeorar la precaria situación del país. Cierto que la casi segura prórroga de los ERTE hasta fin de año aliviará en parte la inestabilidad empresarial y frenará las cifras de desempleo y que, de superarse las barreras burocráticas, el pago de la renta mínima vital, mitigará las colas del hambre. Pero solo son parches que no resuelven el problema de fondo.
En esta situación de emergencia y evaporándose la perspectiva de una rápida recuperación económica se precisan actuaciones políticas decididas, que nuestros gobernantes no pueden hurtar una vez más a la sufrida ciudadanía. No es momento para vetos cruzados entre partidos, ni para airear disputas internas del Gobierno o para buscar réditos electorales en posiciones políticas enfrentadas. Es el momento de la responsabilidad y el compromiso, que hay que exigirles tanto al Gobierno central como a los autónomos e igualmente a los líderes de la oposición. Urge aprobar los Presupuestos como el único camino hacia la estabilidad política, pero también como vía ineludible para canalizar los 140.000 millones de la UE. Dinero que permitirá superar los problemas del presente y enfocar el país hacia un futuro mejor, mientras se busca un consenso, hoy improbable, para afrontar las crisis territorial e institucional.
