Mientras la pandemia galopa en España sin control, las cuatro leyes sanitarias estatales nacidas entre 1986 y 2011 permanecen amontonadas una sobre otra sin que ninguna contemple la emergencia que sufrimos. Esta sobredosis legislativa genera un mareo jurídico en los tribunales autonómicos y un cabreo ciudadano monumental, ya que los mismos órganos judiciales pueden autorizar el confinamiento de Ejea y prohibir el de La Almunia. Sabemos que los jueces interpretan las leyes según su sabio entender, pero cuando las leyes no se ajustan a la realidad es un delirio interpretarlas. En mayo pasado, la vicepresidenta Calvo anunció la reforma de estas cuatro normas para afrontar la emergencia sanitaria que se esperaba en otoño sin tener que mendigar otra vez apoyos en el Parlamento. De aquella reforma nunca más se supo, pese a que el PP también anunció una proposición de ley que otorgaba más poderes a Sanidad sin tener que recurrir al estado de alarma. Genial, nos dijimos, por fin los dos grandes partidos van a consensuar un gran pacto por la sanidad. Decir que aquello fue un espejismo sería tanto como adjudicar a Sánchez y Casado la envergadura política que no tienen. Ayer el Gobierno de Aragón tomó medidas drásticas dada la emergencia que sufrimos y, forzosamente, tenemos que hacernos una pregunta: ¿estaríamos en esta situación si el confinamiento se hubiera decretado de cara al puente del Pilar? Porque no hubo fiestas pero sí libre albedrío para que Huesca y Teruel, prácticamente limpias de contagios, se llenaran de gente, de bodas y comuniones hasta alcanzar una incidencia inaguantable. Ese puente fue lo más parecido a los varicela party que aún celebran los movimientos anti vacunas y que propugnan algunos expertos para impulsar la inmunidad de rebaño. Más vale que respetemos el confinamiento, por el bien de todos y del presidente Lambán, que se está dejando la vida como pudimos comprobar ayer.
