La semana pasada se aprobaron definitivamente en el Consejo Europeo las nuevas cuentas tramitadas por el Parlamento hacía ya unos meses. Por primera vez van acompañadas de un reglamento que impone la condición de respetar el estado de derecho para poder gestionar los fondos. Condiciones que tanto el Gobierno húngaro como el polaco estuvieron vetando durante las últimas semanas, hasta transigir ante la amenaza de no poder disponer de esos recursos.

El marco presupuestario de la UE 2021/27 es la base sobre la cual se asienta el plan de recuperación del covid-19, movilizándose en total 1,8 billones de euros entre el presupuesto y los fondos.

Concesión

La solución a este veto ha sido la concesión de que si algún país miembro impugna el incumplimiento del reglamento nada más aprobarse un proyecto, una subvención o un programa, la Comisión no lo suspenderá de forma inmediata, sino que esperará el pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo. El reglamento se aplicará a todos los fondos , también a los ligados al nuevo marco financiero y al fondo de recuperación de la pandemia.

Como decía Hans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, «renunciar al estado de derecho sería tanto como renunciar a la UE». El compromiso alcanzado es una salida a la intransigencia de estos dos países, unidos por la misma visión ultraconservadora en temas como los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, la falta de libertad de los medios de comunicación, las reformas judiciales que han socavado la división de poderes, el rechazo a los inmigrantes..., y otras muchas políticas que vulneran valores esenciales de la UE.

Tanto Orban como Marawieski pretendían seguir recibiendo los fondos de la Unión, que podrían llegar a casi 180.000 millones de euros, saltándose la carta de los derechos fundamentales, vinculantes para todos los países miembros, en cuyos 54 artículos deja claro los conceptos europeos de la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia, aprobados en el Tratado de Lisboa del año 2009. Derechos que firmaron libremente en el tratado de adhesión y lo ratificaron después de un referéndum. Por lo tanto, nadie les impone nada.

Sabiendo que el Consejo Europeo toma los acuerdos por unanimidad, estos dos países han estado chantajeando, para evitar cualquier tipo de condicionante de tipo democrático. No es nueva esta práctica, pero hasta ahora las recriminaciones recibidas las han ido sorteando amparándose en el grupo popular europeo, del cual forman parte, y esquivando las condenas que sus propios compañeros de grupo les han intentado imponer. Veremos en qué queda la propuesta del presidente de los populares europeos de expulsar a los eurodiputados de Orban del grupo, y veremos si los populares españoles siguen absteniéndose como hasta ahora.

Vetos y chantajes

Los vetos y el chantaje practicados por estos dos gobiernos, recuerdan la posición del PP con la renovación de las instituciones constitucionales que han cumplido los mandatos correspondientes. Aferrados a los tres quintos preceptivos de parlamentarios en el Congreso para sus nombramientos, se atrincheran y chantajean al ejecutivo, sin sopesar el descrédito que ocasiona , ni el hartazgo que producen. La primera obligación de un constitucionalista o de un europeísta, es cumplir la Constitución y los tratados de la UE.

En ambos casos se está demostrando que los procedimientos para tomar acuerdos en la UE o elegir las instituciones derivadas de nuestra Constitución, se han quedado obsoletos. En el primer caso porque la unanimidad del Consejo forma parte de la cultura de la Europa de los 15 , con países vinculados a una tradición y relaciones históricas que hacían de la unanimidad más una forma de equilibrio que de confrontación. La ampliación con trece países nuevos provenientes en gran parte de la Europa del Este, con historia y culturas dispares así como tradiciones políticas muy nacionalistas, seguirá abocando a la confrontación ante la disyuntiva de populismo y democracia. Y en el caso de los tres quintos para renovar algunas de nuestras instituciones pensados para un bipartidismo que absorbía el 90% de los diputados y votos, se ha quebrado, hay muchas otras fuerzas políticas y la disparidad ideológica no puede amordazarse.

Defendiendo lo contrario de lo que se practica o negándose a aplicar en uno mismo los valores que se exigen a los demás, vamos de cabeza a la hipocresía política y al populismo.

Como dice bien nuestro refranero, «Dime de qué presumes y te diré de qué careces»