Hace ya unos cuantos años desde que vio la luz un librito, editado por las Cortes de Aragón, donde muy modestamente, me propuse abrir un debate en la sociedad sobre la necesidad de recuperar una Banca Pública fuerte, al modo en que funciona en muchos países europeos, para cubrir el vacío que dejó el frenesí privatizador que invadió este país durante los años 80 y 90 del siglo pasado. Lo hice al hilo de la crisis financiera que entonces nos golpeaba con crudeza y que obligó a detraer ingentes cantidades de dinero público para reflotar a un sector bancario que se derrumbaba, víctima de sus excesos.
La idea (que sigo manteniendo) era que una banca del Estado, sometida a las mismas reglas que la banca privada pero más pendiente de financiar los objetivos económicos y sociales de los gobiernos democráticos que de repartir dividendos entre los accionistas, podía actuar como elemento estabilizador en un mercado oligopólico en el que muchas veces reina la Ley de la Selva. Eso, e insuflar un poco de cordura en su competencia privada.
Sectores estratégicos
Como es evidente, los mismos criterios pueden aplicarse en otros sectores estratégicos, como el energético (no hace falta recordar las feroces subidas de precios en medio de la mayor ola de frío del siglo) o el de la industria farmacéutica: creo que el sindiós de las vacunas contra el covid 19 es más elocuente que cualquier argumento.
Pero lo cierto es que esos grandes debates siguen pendientes, restringidos a ámbitos minoritarios y académicos, y no llegan a calar en la sociedad. No hay que ser muy mal pensado para suponer que el inmenso poder económico de bancos, eléctricas y farmacéuticas le pone sordina de forma eficaz.
La realidad, sin embargo, es terca y vuelve a poner sobre la mesa su necesidad. Ahora se trata de abordar un proceso de inversión de dimensiones históricas, gracias al Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que patrocina la Unión Europea para combatir los efectos sobre la economía de la pandemia. Unos 140.000 millones de euros pueden llegar a España para abordar retos en los que vamos retrasados, como la investigación, la reindustrialización, la lucha contra el cambio climático y la despoblación de grandes zonas del interior del país. Y para abordarlos con eficiencia, para que no queden fondos sin aplicar como ha ocurrido demasiadas veces, no basta con fiarlo todo al libre mercado. Son precisas intervenciones públicas.
En ese sentido hay que saludar la iniciativa de la Plataforma por una Banca Pública, que acaba de hacer un llamamiento para convertir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un verdadero Banco de Inversión y Desarrollo, un instrumento adecuado para obtener el mayor rendimiento social y económico de esos fondos europeos, visto que se ha desaprovechado la oportunidad que brindaba la participación del Estado en Bankia, tras su rescate.
No es este el lugar para reproducir todos los datos y argumentos de la Plataforma en favor de esta posibilidad (pueden acceder al comunicado en https://attac.es los que estén interesados), pero sí para hacer hincapié en los más básicos. Y el primero es el que describe al ICO como entidad pública empresarial que opera como un banco privado, puede pedir préstamos al BCE (algo que no siempre hace) y se financia en los mercados de capitales. Lo que significa que la banca privada no puede alegar competencia desleal por parte del Estado, un mantra interesado y muy extendido.
Los estatutos del ICO lo definen como «un instrumento de política económica para promover el crecimiento económico». Un crecimiento raquítico, diría yo, porque en 2019 los créditos en los que invirtió se quedan en poco más de 21.000 millones de euros, un uno por ciento del total de la banca nacional, según el Banco de España. Su activo en 2019 era de 32.000 millones, nada en comparación con los 503.000 de su homólogo alemán, los 544.000 del Banco Europeo de Inversión o los 181.000 de la Caisse de Depôts francesa. Esa escasez de medios obliga al ICO a depender muchas veces de los bancos privados para ejecutar sus líneas de crédito… con pingües beneficios para ellos.
Es necesario, por lo tanto, dotar al instituto de las dimensiones adecuadas para convertirlo en un auténtico banco de Inversión y Desarrollo. El comunicado de la Plataforma desarrolla con bastante detalle cuáles son los recursos que se deberían aplicar para conseguirlo. Datos más que suficientes que pueden servir como punto de partida.
Complejidad y lenguaje técnico
He pensado a veces que esta clase de debates tienen un problema para calar en la opinión pública: su complejidad y el lenguaje técnico que emplean los especialistas para exponer sus posiciones. Si resulta imposible para muchos comprender los términos de un préstamo hipotecario, o entender el recibo de la luz, o asimilar las cláusulas de confidencialidad en un contrato de compra de vacunas, ¿cómo van a participar en estas cuestiones? De ello se aprovechan quienes se oponen a cualquier medida progresista en esas áreas de la economía, de las que obtienen gigantescos beneficios, para difundir simplezas (a menudo falsas) que descalifican a sus defensores.
Sin embargo, son debates de una gran importancia y merece la pena esforzarse en participar, lo mismo que hace falta un esfuerzo de divulgación que los haga comprensibles para la mayoría. Solo así recibirán los dirigentes políticos una presión significativa para avanzar y, si no, seguirán sometidos a la que ejercen los poderes económicos para seguir aumentando sus ganancias a nuestra costa. ¿Verdad que esto sí es fácil de entender?
