La pregunta sería la siguiente: ¿qué son y cómo funcionan las administraciones públicas? Me voy a permitir aconsejar al CIS que no la incluya en sus encuestas a los ciudadanos, pues es bastante posible que los cabreos y depresiones se hagan visibles, tal vez podría preguntárseles su parecer sobre partes de las administraciones: sanidad, enseñanza, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos y terminar por los servicios puramente administrativos; quizás a los políticos, las respuestas de los ciudadanos, les hiciese reflexionar sobre el porqué es absolutamente necesario realizar una transformación profunda de estos últimos.

Esto se lleva anunciando casi desde que se aprobó la Constitución, más de 40 años, y nadie se ha atrevido a afrontar este cambio, sin embargo, podría asegurar que su resultado será de gran reconocimiento, pues no hay cosa más tediosa que hacer un trámite administrativo en cualquier administración pública. Si se pregunta a los ciudadanos a la salida de su gestión, llamémosle de ventanilla, sería como aconsejar que se vuelva a implantar la guillotina.

Hagan un ejercicio de sumar los tiempos que utilizamos en realizar operaciones de este tipo y luego a precio de salario mínimo interprofesional soliciten su valor económico, si esto lo añaden al PIB se van a emocionar cómo se incrementa, también pueden restarlo por importe perdido, esto no se lo recomiendo, pues puede que terminen cortándose las venas.

Pero quizás quede más patente y claro con algún ejemplo. Evitaré ser demasiado reiterativo, pues lo único que pretendo es dar valor a lo explicitado hasta aquí.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) exige a todas las empresas, creo que con buen criterio, que las relaciones entre ambas se realicen a través del certificado digital, de esta forma se dinamizan todo tipo de gestiones, no vamos a entrar si es del todo así, démoslo de momento por veraz, pues bien, obtener dicho instrumento debería ser automático para todas las empresas, pues la información necesaria para ello está en poder de la AEAT. Que también es algo fuera de toda lógica que a día de hoy dar de alta una empresa venga a costar mas de dos semanas, cuando países de nuestro entorno lo hacen en un máximo de 48 horas.

Sin justificación

Continuando con trámites que se demoran sin justificación alguna, nos encontramos con la falta de capacidad para resolver administrativamente el pago, a quien lo necesita de forma inminente para su subsistencia, del ingreso mínimo vital o los erte, por lo que se produce una disfunción enorme entre una decisión política y la capacidad de las administraciones públicas para hacerla realidad. Un absoluto desastre.

Las tecnologías nos permiten evolucionar sin ningún tipo de problemas hacia una gestión administrativa sin papeles y además con un alto nivel de transparencia, es decir, el ciudadano debería conocer en todo momento cómo y en qué situación se encuentra el trámite de su expediente. La dinamicidad en la gestión y el ahorro económico serían un avance muy importante en la integración entre administración y administrado.

En el documento que el Gobierno ha sacado, España puede, al respecto de la forma de uso de los famosos 140.000 millones de euros, me ha llenado de esperanza haber visto un capítulo destinado a esta transformación: Una administración para el siglo XXI. Se inicia esta declaración con la siguiente afirmación: «No es posible abordar una auténtica transformación de la economía y la sociedad sin una Administración Pública que actúe como tractor de los cambios tecnológicos». Deseo fervientemente que en esta ocasión este reto se consiga.

Al hilo del anterior instrumento, se define esta renovación en cinco grandes líneas:

1.-- Digitalización de la administración.

2.-- Plan de refuerzo y despliegue de la ciberseguridad.

3.-- Transición energética de la Administración General del Estado.

4.-- Plan de modernización de las Administraciones Públicas.

5.-- Plan de reforma integral y modernización del sistema de Justicia.

Lo referente al punto cuatro está relacionado con una mayor eficiencia de los recursos humanos conseguido a través de una formación efectiva y permanente.; mejorar los procedimientos administrativos llegando a conseguir la oficina sin papeles; la interrelación positiva entre todas las administraciones públicas y, por último, especial atención a los municipios pequeños, que con esto sea una parte de la recuperación en la España vaciada.

Un país que no es capaz de dar a sus ciudadanos un canal dinámico y valioso de relación para la resolución de la convivencia es un país fallido, y por eso es obligado que nos mentalicemos: no exijan las administraciones públicas a los administrados lo que ellas no son capaces de hacer. La disfunción entre acciones y decisiones políticas y su ejecución por las administraciones no debería darse nunca, tendría que ser una complementariedad en perfecta coordinación. En casos como los actuales, los ciudadanos entendemos que las medidas políticas que se toman no sirven para nada. Reto inaplazable, transformar las administraciones públicas.