El ministro de Universidades, Manuel Castells, está elaborando un decreto para determinar los criterios que permitan definir qué centros educativos para que se consideren universidades. Con el borrador en la mano, según el Observatorio del Sistema Universitario, tanto la centenaria Universidad de Zaragoza como la privada de la San Jorge tendrían dificultades para serlo. La primera, por la alta temporalidad del profesorado, ya que el 52% es interino y el decreto contempla un máximo del 40%, así como por el hecho de que trabajen a tiempo completo, ya que un 56% lo hacen a tiempo parcial. El campus privado suspende en todos los apartados, pero destacaría negativamente por la falta de másters y doctorados que apuntalen las tareas de investigación que debe tener toda universidad. La situación de las universidades aragonesas no difiere mucho de las del resto del país, ya que con los requisitos que se prevén en el borrador del decreto ministerial tan solo 12 de las 83 universidades analizadas cumplirían estas condiciones.
La exigente propuesta del Gobierno no significa que vayan a dejar de ser universidades los centros de enseñanza superior de la comunidad, pero sí es una buena ocasión para que ambas se tomen muy en serio las condiciones impuestas y aborden las mejoras necesarias para que se consoliden como lugares punteros tanto en la labor docente como en la investigadora. Muchos de los aspectos en los que las dos instituciones aragonesas suspenden no son una novedad, ya que en ocasiones anteriores se ha puesto el acento en estas deficiencias. Sin ir más lejos, la Universidad San Jorge ha sido considerada en muchos ránkings como una de las de menos calidad, y la pública ha recibido reproches -el último de la Cámara de Cuentas, precisamente por la alta temporalidad de su personal docente. Por tanto, el sorprendente decreto ministerial debe leerse como una oportunidad para subsanar las deficiencias y como estímulo para dos instituciones que tienen un papel fundamental en el desarrollo de la comunidad autónoma. Para ello, tanto los equipos rectorales como el Gobierno de Aragón y la consejería del ramo, dirigida por Maru Díaz, deben trabajar de forma coordinada para corregir estos errores. La formación especializada y los numerosos proyectos de investigación deben servir de motor de la comunidad autónoma y formar a profesionales que puedan aportar su preparación a las empresas existentes en la comunidad autónoma. Por ello, este tirón de orejas debe servir para poner remedio a las deficiencias.
