Este Día de Aragón debe servirnos para reflexionar, proponer y tratar de construir el futuro que queremos.
Estamos más cerca de un escenario poscoronavirus y es el momento de dotarnos, como fórmula de gobierno propio, de los mejores instrumentos políticos, imprescindibles para poder dar una salida justa a esta triple crisis provocada por la pandemia. Soluciones creadas desde Aragón para los aragoneses y las aragonesas, a medida de nuestras necesidades, no de plantillas genéricas que poco o nada tienen que ver con nuestra realidad demográfica y territorial.
El Estatuto
de Autonomía de Aragón cumplirá el próximo año cuarenta años de existencia. Era y es el instrumento legal que, con todas sus carencias de entonces y actuales, supone el reconocimiento original a nuestra identidad política, a la voluntad histórica aragonesa de ser, de querer seguir siendo.
Su aprobación supuso crear una regla, con fuerza de ley, para poder dotarnos de unas instituciones propias como el Gobierno de Aragón, las Cortes, el Justicia de Aragón… con las que ser capaces de hacer democracia y país.
Entonces había que construirlo todo, prácticamente desde cero, porque la dictadura arrasó con cualquier instrumento político propio. La voluntad del pueblo aragonés era inequívoca en aquella manifestación de 1978: ¡Ganemos la autonomía!, decía su lema unitario.
Aquellas voces
en la calle eran toda una declaración de intenciones tanto sobre el deseo de disponer, de nuevo, de una capacidad de decisión aragonesa como de realismo ante tanto por hacer; una demostración de la simbiosis entre nuestra capacidad de gobierno y el futuro: ¡Por una autonomía que salve a Aragón!, se decía por aquel entonces.
Ahora ya es tiempo de asumir tanto las críticas como las decepciones provocadas, sin olvidar los errores cometidos, pensando que sin un poder político aragonés todavía seguiríamos dependiendo mucho más de lo que otros poderes y poderosos nos digan y obliguen de fuera.
En este futuro inmediato debemos tomar decisiones políticas en varias líneas para seguir construyendo Aragón. Por una parte, desarrollar el estatuto actual, reclamando todas las competencias pendientes de transferencia desde el 2007, fecha de la aprobación de la última reforma. Nos falta hacernos cargo de cuestiones relativas al transporte, inmigración o la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Es preciso
avanzar en una reforma global del sistema político donde la cogobernanza en las decisiones públicas del Gobierno de España sea la norma y no la excepción. Dialogar entre todas las partes implicadas para llegar al acuerdo y al pacto, al modo y manera de la política aragonesa. Asumiendo para nuestro Estatuto los valores propios de la federación territorial como fórmula viable para asumir, respetar y garantizar la diversidad de todas las partes.
Tenemos que conseguir el cambio del actual sistema de financiación, pendiente desde 2014, para disponer de los recursos económicos suficientes que hagan efectivas las decisiones tomadas desde aquí. De nada sirve aprobar leyes, decretos y planes de gobierno sin un respaldo económico que nos permita avanzar en hacia un «estado del bienestar aragonés» con mejores servicios sanitarios, educativos, sociales. Siempre teniendo en cuenta la necesidad de hacer efectivo el incumplido, hasta la fecha, artículo 108 del actual Estatuto de Autonomía, donde se establece la firma de un acuerdo bilateral económico-financiero entre Aragón y el Estado que deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial.
Debemos conseguir
el derecho real y la capacidad política permanente para poder decidir, actuando ante los retos más inmediatos planteados como sociedad: la reducción de las desigualdades sociales y territoriales, revitalizar nuestro medio rural, avanzar hacia un modelo económico más digital, menos precario. En definitiva, un futuro plural, sostenible y feminista, capaz de trasladar la esencia de lo que fuimos para seguir siendo lo que somos: Aragón.
