Hace unos días Radio Zaragoza emitió el debate La ciudad pensada. Zaragoza y urbanismo del siglo XXI . Participaron, entre otros, el Consejero municipal de Urbanismo, el gerente de Zaragoza Vivienda, el socio de una consultora y el presidente de la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza.
Al escucharlos recordé algunas clases de urbanismo que me impartieron siendo todavía niño.
La entrada diaria de la sección gratuita del colegio las francesas (Misioneras del Sagrado Corazón), en espacio actual del Corte Inglés en el paseo de Sagasta, por la puerta trasera para evitar contagios de las alumnas de pago de la burguesía zaragozana. Y el reparto de cántaros de leche de cabra entre las villas situadas en el paseo de Sagasta que, obligatoriamente, eran recogidos en la puerta de servicio por la chacha de turno con cofia.
El ascensor que llegaba hasta la sexta planta y no hasta la séptima, porque allí vivía la familia de los porteros. O el desplome de algún edificio del emergente barrio de Las Fuentes por el inusitado ahorro en hormigón y ferralla del promotor.
La venta de los terrenos que ocupaba La Salle Montemolín, en la confluencia de Miguel Servet con el Camino de Las Torres, para la construcción de un gran bloque de viviendas y el considerable precio obtenido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El traslado de los alumnos salesianos a los campos contiguos a la Granja Experimental de Zaragoza, en la calle José Galia y, adquiridos por un precio sustancialmente menor al obtenido por la venta.
De este modo aprendí algo de urbanismo: las diferentes clases de puertas, algunas vedadas para la mayoría de los mortales; la existencia de calidades y calidades de viviendas; el suelo como objeto de especulación por sus detentadores...
Volviendo a la actualidad, medio siglo después, esas enseñanzas las considero plenamente vigentes visto lo visto.
En el citado debate radiofónico el representante de la patronal recalcó la necesidad de «flexibilizar» los procedimientos urbanísticos, adaptándolos al mercado. Una versión del laissez faire laissez passer de la vivienda, esencia de la reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, donde las licencias urbanísticas prácticamente desaparecen en aras a facilitar la actuación de promotores.
En la sesión se apostó por alfombras rojas para aquellos proyectos que crearan riqueza. Cabe preguntarse si también para empresas como Amazon que cerró el pasado año con 21.3000 millones de dólares de beneficios sin apenas tributación, y que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha cuestionado.
Otra de las ideas recurrentes fue la necesidad de nuevos desarrollos urbanísticos, incluso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pese al vacío e inmenso erial llamado Arcosur, promovido y ensalzado en su día por más de uno.
Poco o nada se habló de desahucios, infravivienda, regulación de los precios del alquiler, promoción pública, acceso a la vivienda digna de familias mileuristas, desempleados y jóvenes o de la degradación de los barrios populares.
Recientemente un pleno municipal debatió una moción para destinar la parcela de Alumalsa (U36/8), propiedad del ayuntamiento, a la promoción de vivienda social en lugar de su venta para vivienda libre. Como era previsible la moción no prosperó por el voto en contra de los tres grupos de la derecha municipal. Algún portavoz argumentó que esos terrenos, en la orilla del Canal, eran privilegiados por su ubicación, factor fundamental determinante del precio, con una plusvalía mucho mayor; y que en caso de promover vivienda pública deberían utilizarse suelos baratos, como por ejemplo en Villarrapa. Sobran los comentarios.
Habrá quien tilde este artículo de maniqueo, de repetir los manidos discursos de siempre. Y no le faltará razón. Los nuevos datos del INE, relativos a 2018, revelan la desigualdad interna en la ciudad de Zaragoza. Ojeando su plano destacan unas zonas de color azul intenso, las de mayor renta y donde la vivienda no baja de los 400.000 euros, que se benefician de la remodelación de plazas, plantación de tulipanes y hospitales y colegios privados; frente a éstas se extienden otras de color rojizo, las de las clases populares y del paro, donde las familias habitan pisos de poco más de 60 metros cuadrados, barrios en proceso de degradación y donde casi nunca llegan los recursos municipales.
Deberemos exigir de los poderes públicos, ayuntamientos y Gobierno de Aragón, la promoción de vivienda pública en régimen de alquiler, la regeneración de los barrios populares y la limitación de nuevos desarrollos urbanísticos. Una intervención en concordancia con la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, aprobada por Naciones Unidas en el 2016, que contempla entre sus objetivos proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos, incluyendo el acceso a la vivienda; que preconiza la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, sin discriminación en los beneficios que su ciudad ofrece; que solicita de las autoridades atender las necesidades de mujeres, personas con discapacidad, grupos marginados, ancianos…
Pero desgraciadamente carecemos de un nuevo modelo. Salvo que lo remediamos, los urbanismos zaragozanos de los siglos XX y XXI se parecerán como dos gotas de agua, repetiremos nuevos arcosures, pabellones puente, pikolines y urbanismos a la carta. Entonces, como ocurre con el cambio climático, ya será demasiado tarde para repensar nuestra ciudad.
