Hace tan solo unos días, el Gobierno cerraba la puerta a la vuelta a los estadios y pabellones deportivos de los aficionados al deporte de élite. Sin embargo, ayer de forma inesperada el propio ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes confirmaba que aquellas comunidades que se encuentran en la fase 1 de la alerta por la pandemia podrían albergar un 30% de los aforos hasta un máximo de 5.000 personas. La decisión no pudo causar más sorpresa e indignación, porque se produce un agravio inaceptable en un momento del calendario en el que numerosos equipos, entre ellos el Real Zaragoza, están inmersos en duelos trascendentales para dilucidar su futuro deportivo. Y es un agravio porque la decisión adoptada por el Gobierno, con el beneplácito y el visto bueno de La Liga, beneficia a los clubs de aquellas comunidades autónomas que se encuentran en una fase de pandemia mejor y perjudica notablemente los intereses de los clubs de aquellas comunidades, entre ellas Aragón, que se encuentran en una situación más desfavorable. Y, por supuesto, a sus aficiones, que llevan privadas todo el año de asistir a estos espectáculos como consecuencia de la pandemia. La situación estaba más que justificada, porque la salud pública y la prevención de cualquier posible transmisión comunitaria del coronavirus así lo hacía oportuno.
Sin embargo, cuando aún quedan cuatro partidos trascendentales de la competición de fútbol, establecer diferencias entre comunidades y, por tanto equipos, es inadmisible. Uno de los clubs más afectados -como ya le ocurrió el año pasado cuando se interrumpieron las competiciones- es el Real Zaragoza, cuyos tres de sus principales competidores para eludir el descenso de categoría (Lugo, Castellón y Cartagena) podrán albergar aficionados mientras La Romareda seguirá con las gradas vacías. La situación es especialmente llamativa cuando el campo municipal de la capital aragonesa tiene capacidad para 35.000 espectadores, por lo que un aforo de 5.000 aficionados parece a priori que permitiría tener todas las medidas de seguridad. Porque está claro que la salud pública y las medidas sanitarias son lo primero, pero también queda claro que hay que garantizar la igualdad de oportunidades deportivas, y más en un momento como este. La situación es todavía más particular porque tan solo unas horas antes de conocerse la decisión gubernamental, el Real Zaragoza había solicitado la vuelta de público a las gradas. Pedía la intercesión de la DGA. Esta, al igual que La Liga, debería velar por la igualdad de oportunidades, e impedir un agravio que es inaceptable y puede ser, además, decisivo.
