La política es el modo de regular los conflictos entre grupos y su resultado es la adopción de decisiones que obligan a los miembros de la comunidad. Pero no todas las situaciones conflictivas pasan a formar parte de la agenda pública, el ámbito de la política tiene contornos variables porque las fronteras de su espacio evolucionan. Hace un siglo las condiciones de trabajo de los ciudadanos era un asunto privado entre contratador y contratado o la subordinación de la mujer en la esfera pública era un efecto inevitable de una condición biológica que determinaba el asunto como privado. Las partes en conflicto defienden la politización o despolitización de sus asuntos según la intervención pública y política va a favorecer o perjudicar sus expectativas. Quienes creen que serán perjudicados ven la politización como innecesaria. Con el reciente decreto ley que aprueba la Ley Rider y saca de ese limbo prerrevolución industrial a las nuevas economías, se obliga a las plataformas a cotizar por sus repartidores, sin excepciones. Son asalariados y no trabajadores autónomos por tanto con los derechos y coberturas que corresponden a un trabajador por cuenta ajena.

Mientras que el colectivo de trabajadores afectado llevaba movilizado en huelgas, manifestaciones y más de 44 victorias judiciales, las plataformas defendían seguir con el modelo de repartidores que coticen como trabajadores por cuenta propia, sin intervención política, y ahora advierten que la ley pone en peligro numerosos puestos de trabajo. Beneficiados y perjudicados por una regulación pública del conflicto, los que necesitan de la política para ver defendidos sus derechos primarios y los que operan mejor en la desregulación del mercado.

Sin embargo, hay otros límites de la política que han recorrido el camino contrario, la homosexualidad era considerada delito porque alteraba el orden ocial y conllevaba la actuación pública represiva o sea formaba parte de un asunto público y hace solo 40 años se reformó la ley de peligrosidad social y dejaron de ser considerados vagos y maleantes. De nuevo, en 2005 con la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario volvió a la esfera del espacio público, con aquellos que se sentían indirectamente perjudicados en las calles y en los tribunales. La reciente Ley de Protección a la Infancia reincorpora a lo público asuntos de familia, prohibiendo el llamado Síndrome de Alienación Parental que invalidaba de partida los testimonios de niños o adolescentes. Las fronteras se van alterando, pero difícilmente sin la movilización de los actores que más necesitan de la protección pública.