Mientras en muchos puntos del planeta se sigue utilizando el arado romano y para conseguir agua es necesario caminar varios kilómetros, el desarrollo tecnológico y la globalización están suponiendo una revolución en el planeta muy superior a todas las que han existido anteriormente. Esto permite que en los países más avanzados se hayan simplificado y racionalizado los trabajos a la vez que el conocimiento científico alcance cotas nunca imaginadas.

En este mundo desarrollado, las sociedades viven inmersas en un mundo de consumo que parece ser la garantía de su propia supervivencia. Los recursos que los ciudadanos consiguen mediante el trabajo, son utilizados para cubrir sus necesidades más imprescindibles: alimentación, salud, educación, vivienda y ocio. Para que puedan alcanzar estos objetivos, es necesaria la intervención de poderes públicos y privados que detentan la gestión de la mayoría de los servicios y derechos de los que depende el estado de bienestar.

La actual crisis provocada por la pandemia, está demostrando la importancia que el consumo tiene para la mayoría de los sectores económicos que, no se sabe si a la vez o aprovechando la circunstancia, están imponiendo a pasos agigantados una digitalización para la que no está muy claro que toda la sociedad esté preparada.

Parece que se da por entendido que todos los ciudadanos tienen en sus hogares equipos informáticos conectados a redes y que poseen conocimientos suficientes para gestionar desde sus hogares todos esos servicios que hasta hace muy poco tiempo prestaban entidades bancarias, empresas de telefonía y electricidad, así como la propia administración. Eso sí, las gestiones que realizan lejos de abaratar el coste en su relación comercial, les sirven para comprobar cómo su cuenta con las entidades se encarece.

Es habitual que en las relaciones con estas empresas tan digitalizadas, sea el propio ciudadano quien realice tareas que no le son propias, si sabe. Y cuando no tiene equipos ni conocimientos, debe recurrir a sus hijos o bien a profesionales que cobran por la gestión. Una simple llamada de teléfono se ha convertido en un suplicio porque rara vez se encuentra al otro lado asistencia personal. Una grabación va soltando sus mensajes, primero publicitarios, después de la LOPD y finalmente una retahíla de números que en la mayoría de las veces resulta complicado averiguar cuál es el que sirve para la información que se necesita. Cuando a final se consigue conectar y surge algún problema, muy amablemente se remite al cliente o ciudadano a la página web de la empresa donde dicen que está todo muy claro. La realidad es que muchas veces resulta casi imposible localizar el campo de contacto o un teléfono de atención al cliente.

La reconversión brutal que está realizando el sector bancario, después de embolsarse lo que todos sabemos en la crisis de 2008, está dejando además de ingentes cantidades de trabajadores en la calle, a un sector extensísimo de la población (los más mayores) huérfanos de unos servicios que ellos deberían prestar. Han limitado las horas de caja, remiten a los clientes a los cajeros a realizar operaciones imposibles para muchos (bien por edad o desconocimiento), no remiten correo postal con información de operaciones de cargo o abono en sus cuentas, están estableciendo comisiones abusivas y además cierran oficinas de zonas rurales haciendo todavía más complicada la vida en ese entorno. Todo ello va acompañado, como están publicando las propias entidades, incrementos muy considerables en sus beneficios y altísimas subidas de los salarios de sus dirigentes, mostrando su desvergüenza y desprecio en una situación de crisis como la actual.

Estos tipos de gestión en estos sectores económicos y de servicios, se convierten en un campo abonado para el fraude. Las propias entidades o profesionales del delito, se aprovechan de la indefensión de los ciudadanos ya que mucha información, incluidos contratos, apéndices, tarifas etc, se remiten online y resulta muy difícil pedir a una cliente o ciudadano que lea en una pantalla todos los conceptos de su relación comercial o bien retengan una conversación grabada, que dicen, recoge sus características. Se ha convertido habitual generar modificaciones de contratos en forma de adhesión, una comunicación que indica que si en un plazo de tiempo determinado no te opones, entra en vigor. Circunstancia esta que en la mayoría de los casos supone un encarecimiento de los servicios o merma de su calidad.

La pandemia también ha propiciado que el teletrabajo se haya introducido en las empresas, en muchas ha funcionado y es seguro que ha venido para quedarse. Igualmente ocurre con las videoconferencias online que facilitan la comunicación y la formación a distancia. Estos sistemas sirven para algunos sectores, pero son una asignatura pendiente para una parte muy importante de la sociedad. Se ha visto claramente en los intentos de realizar clases online en escuelas e institutos. En los medios de comunicación hemos visto y leído informaciones facilitadas por profesores que en los momentos más duros de la pandemia hicieron ímprobos esfuerzos para facilitar las clases a los alumnos. Crearon aplicaciones incluso para que los niños siguieran las clases desde sus teléfonos móviles. En la mayoría de las ocasiones fueron esfuerzos baldíos porque, no todos tenían los equipos adecuados y los que si tenían, en muchos casos, no podían recibir el apoyo de sus padres por que no sabían utilizar la aplicación.

Sería un error oponerse a los ritmos que marcan los últimos avances tecnológicos. Pero estos cambios exigen un respeto hacia los ciudadanos que no se está teniendo y requieren una utilización racional de los mismos de tal manera que vayan acompasados y equilibrados al ritmo de la sociedad. Los poderes públicos deben intervenir para evitar que se conviertan una herramienta de unos pocos para incrementar la brecha que separa cada vez más a las sociedades y a los países.