Hay demasiadas leyes en España y hay demasiadas leyes en Aragón. El ordenamiento jurídico español y el aragonés son complejos y profusos, y esa obsesión por regularlo todo, normativizarlo y legislarlo muchas veces no sirve para el fin último de cualquier iniciativa legislativa, que no es sino ordenar algún aspecto determinado de nuestras relaciones sociales. Lo paradójico es que se regula todo y al final la inflación legislativa provoca más dudas jurídicas e interpretaciones de las necesarias. A la hora de la verdad, se reglamenta sobre lo reglamentado, se recurre el reglamento y el tribunal competente dictamina que no hay una ley general que dé cobijo a la norma inferior. O superior. O yo que sé, si no se ponen de acuerdo ni los expertos.

La pandemia ha puesto de manifiesto lo complejo del asunto. De todas las normas, decretos y leyes que han dictado gobiernos nacionales y autonómicos, la única inapelable es el decreto de estado de alarma, la figura incluida en la Constitución (ley máxima) para limitar derechos fundamentales. Por eso uno de los motivos para decretarlo que se recoge en el desarrollo legislativo del estado de alarma es el de «las desgracias públicas» y «las catástrofes sanitarias». Y ambas hemos sufrido. Todas las normativas restantes son interpretables y dependerán de los criterios de los tribunales superiores.

A lo largo de este año hemos visto cómo una y otra vez el Gobierno de Aragón ha presumido de redactar novedosas iniciativas legislativas para restringir derechos fundamentales que a nadie antes se le habían ocurrido, pero también hemos visto cómo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le ha puesto en más de una ocasión objeciones a las mismas. Veremos cómo queda el último de estos fallos, contra el decreto que limitaba la reunión de personas en las terrazas de los bares. El Gobierno de Aragón recurrirá el tirón de orejas jurídico pero cuidado, porque más de un hostelero se está planteando solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios. La complejidad de la regulación por la pandemia ha hecho que en más de una ocasión no quede claro si gobiernan los jueces o los gobiernos imparten la justicia. Embrollos y galimatías cuando, a la hora de la verdad, la ley básica anterior fue imprecisa e inconcreta en la regulación de determinadas medidas por cuestiones sanitarias.

Cada año, el Parlamento aragonés aprueba entre una docena y una veintena de leyes. Es una de sus funciones principales, pero cuando el superávit legislativo hace que muchas de ellas sean sobre cuestiones insustanciales, debería cobrar más dimensión otra de las misiones principales del Parlamento, el del control del Gobierno y el acceso a la información.

La Justicia tumba planes de gobierno y los gobiernos se mosquean. Algo así sucede con el recurso que se ha presentado a última hora por Mularroya. La Abogacía del Estado señala en el recurso que «difícilmente se puede prever qué condiciones ambientales va a tener que cumplir un proyecto aún sin redactar en el momento en que se aprueba dicha planificación hidrológica», lo que condicionaría más de un proyecto en marcha. Eso sí, casi ninguno vulnera, según el Supremo, tantas normativas europeas como Mularroya. Incluso la Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del ministerio, lo tiene tan claro que no prevé más grandes obras hidráulicas dentro de la planificación para los próximos años. Porque además de las leyes domésticas debemos contemplar también las europeas. En definitiva, estamos sujetos a cientos de leyes para que, al final, haya más dudas que certezas. La interpretación del Derecho es también abracadabrante. Como lo es que, a propósito de Mularroya, un partido del Gobierno autonómico que se opone a la obra eche en cara al Gobierno de España que recurra lo que le ha pedido el Gobierno del que forma parte. O que sea la consejera de Presidencia la que firme la expropiación urgente para las obras en Castanesa porque la que lo debería firmar preside el consejo de administración de la empresa semipública interesada en esas obras ante el silencio de ese otro partido que supuestamente también se opone a Castanesa. A veces, hecha la ley, hecha la trampa.