Las entidades locales aragonesas han tenido unos remanentes de 800 millones de euros durante el 2020, una cifra superior a la del ejercicio anterior. Así lo desveló ayer la presidenta de Aragón en funciones, Mayte Pérez, Esta cantidad ha sido de gran utilidad en un año de grandes necesidades presupuestarias como consecuencia de la pandemia, ya que se han podido revertir para atender las demandas derivadas de la crisis social y económica derivada del virus. La extraordinaria cantidad de remanentes evidencia lado la generalizada buena gestión de los recursos económicos realizada por las entidades locales, que son además las que atienden primero al ciudadano y tienen además grandes dificultades para captar recursos y una infrafinanciación por parte de la Administración central.

Además, el hecho de que se haya permitido reinvertir estas cantidades en las necesidades reales de la ciudadanía demuestran que las restricciones que en este recogía la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local eran profundamente injustas. Suponían un castigo a las entidades locales y, por tanto y mucho más graves, a los ciudadanos, que se veían privados de unas inversiones necesarias en las localidades. Esta ley, conocida popularmente como ley Montoro porque fue el ministro del Gobierno de Mariano Rajoy quien la implantó.