Desde que tengo uso de razón no he dejado de escuchar a los políticos que hay que modificar el modo en que se asignan las pensiones de jubilación para evitar que las próximas generaciones se mueran de hambre cuando las jubilen. Curiosamente, quienes se movilizan para intentar que esa catástrofe no se produzca no son los jóvenes, sino las personas que ya están jubiladas, tal y como puede comprobarse fácilmente estando atentos a las noticias cotidianas. Yo mismo debo reconocer que empecé a preocuparme por ese tema cuando al siguiente mes de jubilarme, después de haber cotizado a la Seguridad Social cincuenta y seis años de forma ininterrumpida, comprobé que a partir de ese momento iba a cobrar menos de la mitad de lo que ganaba cuando estaba en activo.

Estos últimos días puede leerse en los periódicos que el gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones de jubilación (al parecer, se convertirá muy pronto en norma jurídica de obligado cumplimiento). Como era previsible, en dicho acuerdo se contemplan medidas de muy distinto orden, pero la propuesta estrella consiste en prolongar la vida laboral mediante la incentivación de la jubilación después de los 65 años y de la penalización a quienes se jubilen antes de esa edad. Esta tímida alternativa es tan necesaria, dado el extraordinario aumento de la esperanza de vida en todo el planeta, que cualquier gobierno sensato, independientemente de que sea de izquierda o de derecha, no tiene más remedio que aplicarla. Lo verdaderamente incomprensible es que hasta ahora ninguno de los partidos políticos que han gobernado España la haya puesto en práctica.

Prolongación de la vida laboral.

Para lograr esa prolongación de la vida laboral, los firmantes del acuerdo ofrecen estos caramelos: garantía de que cada año las pensiones subirán el mismo porcentaje que el IPC; regalar 12.000 euros a los jubilados con derecho al cobro de la máxima pensión si prolongan su vida laboral después de cumplir 65 años; dar un pago equivalente al 4% del importe anual de la pensión a aquellos trabajadores cuyas pensiones son de menor cuantía; rebajar las cuotas que las empresas tienen que pagar a la Seguridad Social de los trabajadores que contraten mayores de 65 años. Dado que dicha prolongación la pretenden alcanzar de forma voluntaria, dudo que con esos paupérrimos incentivos consigan el objetivo acordado. En nuestro país existe un antecedente parecido, que resultó un absoluto fracaso.

El gobierno socialista presidido por Felipe González modificó el contenido del artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (Real Decreto 670/1987, de 30 de abril). Dicha modificación permitía a los funcionarios públicos jubilados continuar trabajando en la empresa privada, perdiendo en tal supuesto la mitad de la cuantía de la pensión que le correspondiera por ley. Es evidente que la finalidad de aquel Decreto de 1987 no era el de prolongar la vida laboral de los trabajadores, sino abrir al máximo las puertas giratorias para que los altos funcionarios pudieran ser contratados por las multinacionales cobrando al mismo tiempo la mitad de sus pensiones de jubilación. En contra de lo que cabía esperar debido a su ideología más liberal, el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy anuló parcialmente esa medida favorecedora de las puertas giratorias (Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo), quitando esa prerrogativa a quienes se hubieran jubilado a partir del año 2010.

Por propia experiencia puedo asegurar que a los funcionarios que jamás habíamos sido ungidos por el dedo de los dirigentes que entonces se repartían el poder gubernamental, ese amparo legal no nos sirvió para nada. Personalmente pienso que las nuevas medidas que este gobierno pretende aprobar serán otro estrepitoso fracaso, ya que no tienen en cuenta los dos términos fundamentales de la ecuación: que el espectacular aumento de la esperanza de vida va a permitir que haya personas cobrando la pensión de jubilación durante treinta o más años; que, según muestran todos los datos estadísticos, cada año que pasa el porcentaje de cotizantes que soportan el pago de las pensiones de jubilación es menor en relación al número de pensionistas. No hay que ser muy críticos para suponer que esos dos terribles agujeros negros no lo pueden aguantar indefinidamente las finanzas públicas de ningún país.

Puesto que ese grave problema afecta a todos los países con un elevado nivel de bienestar social, la práctica totalidad de los políticos con responsabilidades gubernativas están analizando las propuestas de los expertos y ensayando todo tipo de medidas para evitar el colapso social y económico que se avecina. Como es lógico, las alternativas son muy variadas, pero cada vez hay más estudiosos que se decantan por soluciones de corte liberal, tales como éstas: la base del sistema tiene que ser una combinación entre la iniciativa privada y la pública; el criterio para jubilar obligatoriamente a un trabajador no puede ser la edad, sino la capacidad para el desempeño satisfactorio del puesto de trabajo; aumento del empleo de los jóvenes y de los parados de larga duración a través de la bonificación a las empresas y mediante la creación sostenida de puestos de trabajo en la función pública. Ni que decir tiene que este planteamiento solo puede funcionar si ha sido consensuado entre todos los partidos políticos del arco parlamentario y los agentes sociales, mediante la firma de un pacto de estado duradero.