La derecha española ha interiorizado que el poder le corresponde por mandato divino. Por ello, considera que, si la izquierda llega al poder, como con los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, es un acto ilegítimo. Mas esta visión de la derecha poco democrática no es una novedad. Viene de lejos. Miremos a nuestra historia. Un artículo del historiador Eduardo Fernández Calleja, Los discursos catastrofistas de los líderes de la derecha y la difusión del mito del ‘golpe de Estado comunista’ describe los acontecimientos de 1936 entre febrero, con el triunfo del Frente Popular y julio, con el golpe militar. Sorprenden las similitudes de la actuación de la derecha política y mediática de entonces con la actual. Durante la primavera de 1936, los voceros de las distintas formaciones de derechas, José María Gil Robles y, sobre todo, José Calvo Sotelo, en connivencia con la prensa monárquica, como el ABC o El Debate, señalaron la ilegitimidad del gobierno republicano surgido de las elecciones de febrero, cuestionando primero los resultados electorales del triunfo del Frente Popular, y luego denunciando dos aspectos clave e íntimamente relacionados en la mentalidad del conservadurismo español de los años treinta: su incapacidad para resolver el problema del orden público, que fue sobredimensionado por las derechas, y su papel como antesala de una acción revolucionaria de tipo comunista, pura invención de las derechas. Estos procesos de encuadramiento serían clave para conseguir la movilización de amplia base que dio cobertura al golpe de Estado del 18 de julio y legitimó a posteriori al régimen franquista.
Retornemos al pasado más cercano. A partir de 1993 el PP, que encuadraba a toda la derecha española, no aceptó la legitimidad de su derrota en las urnas. En la noche electoral del 6 de junio 1993, Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón denunciaron en televisión, sin haberse terminado el escrutinio, el fraude que se estaba perpetrando para atribuir la victoria al PSOE de Felipe González. Al final el PP tuvo que aceptar el resultado. Pero tal aceptación no fue sincera. Se tramó una operación de asalto al poder, de las más vergonzosas en nuestra reciente democracia, en la que participaron periodistas, jueces, banqueros, agentes secretos, etc. Uno de los protagonistas más destacados, Luis María Ansón, reconoció unos años más tarde que para sacar de la Moncloa a González se estuvo a punto de poner en riesgo la propia estabilidad del Estado.
El PP acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de llegar a la Moncloa en 2004 como consecuencia de la manipulación del atentado del 11-M. Le atribuyó falta de «legitimidad de origen». Y ni siquiera la aceptó tras su revalidación del mandato en las elecciones de 2008. La campaña mediática contra ZP –sobre todo desde la COPE, por Federico Jiménez Losantos– y política de la derecha fue brutal, creando un claro precedente de la crispación actual. Como muestra, en sede parlamentaria el bueno de Rajoy, acusó al Gobierno socialista, el 11 de mayo de 2005, de traición a los muertos y de vigorizar a una ETA moribunda, y de pagar un peaje. ¡Vaya sentido de Estado!
Y llegamos al presente. La derecha –ahora son tres, PP, Vox y Cs, aunque en lo fundamental trabajan unidas– a Sánchez le ha negado la legitimidad por haber llegado al poder tras la moción de censura sin pasar por unas elecciones, y después del triunfo en las elecciones del 10-N de 2019 por haber formado un gobierno de coalición con UP y ser investido gracias a los nacionalistas vascos y catalanes. Incluso sobrevoló en la sesión de investidura un segundo tamayazo. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, la noche de Reyes de 2020, víspera de la segunda y definitiva votación de investidura, tuvo que dormir fuera de su domicilio, en Teruel, por seguridad. Desde el primer momento que se formó el gobierno de coalición el objetivo de las derechas ha sido derribarlo. Antes de la pandemia ya lo calificaron de ilegítimo y después de asesino, criminal y liberticida. Yo nunca he escuchado en el Congreso insultos tan brutales. E igualmente en muchos medios. Cuando el lenguaje se usa como espada desenvainada el entorno se vicia y decrece la posibilidad de entendimiento. De ahí, la expansión de la crispación del Parlamento y los medios a la sociedad, envenenando la convivencia. Pero, ¿quién ha sembrado la crispación? Cualquier circunstancia para la derecha vale para dinamitar la legislatura: la pandemia, la crisis de Ceuta y ahora los indultos a los presos del procés. ¡Vaya sentido de Estado! Tal manera de ejercer la oposición tiene una lógica perversa. Si a un Gobierno se le niega la legitimidad, no existen límites para la oposición. ¿Por qué va autolimitarse en sus ataques al gobierno en el Congreso o en los medios? ¿Por qué va a llegar a algún acuerdo? Esa autolimitación y los acuerdos supondrían reconocer implícitamente la legitimidad del Gobierno.
Por ello, cabe pensar que el resto de la legislatura seguirá igual, aunque suponga un grave deterioro institucional e imposibilitar políticas consensuadas para hacer frente a una crisis económica descomunal. ¡Vaya sentido de Estado! Las derechas han llegado a un punto de no retorno.
Termino con un hecho que quizá pase desapercibido a la ciudadanía española. La izquierda nunca ha negado la legitimidad a los gobiernos de Aznar y Rajoy.
