Debo realizar un esfuerzo para no dejarme llevar, cada año por estas fechas, por la furia. A esto se una la pereza que padecemos quienes no somos de números y estamos obligados elaborarle la declaración a Hacienda. Es una de mis grandes contradicciones, lo sé, porque soy defensor de contribuir entre todos al mantenimiento de lo público.

El debate en las campañas electorales, aquí y en Las Indias, se ha simplificado entre quienes juran que no subirán la presión fiscal y quienes evitan posicionarse, aunque unos y otros gobernarán haciendo lo contrario, o sea lo que mande la banca, con ninguna transparencia sobre el destino que darán a nuestra contribución.

Mi irritación se debe a dos motivos. Por un lado, cada vez que anuncian una reforma del sistema tributario para que aporten más quienes más tienen, siento que nos toman el pelo y que, tras ensañarse doce meses con mi IRPF, me rematan con el zarpazo de junio. Lo aceptaría si no supiera de escándalos, corrupciones y evasiones. Lo aceptaría si se pusiera coto a los paraísos que convierten este país en un purgatorio fiscal. Porque esa es otra, el segundo motivo de mi ira es que faltan profesionales en sanidad, en educación, y no se invierte en ciencia; porque los patriotas de pulsera, quienes guardan la fortuna en Panamá o Las Bahamas, disfrutan de sanidad y colegios privados y solo exigen subvenciones para la tauromaquia.

Lo dicho, estoy muy quemado. Más, tras el globo sonda del Gobierno que plantea suprimir la reducción fiscal de los matrimonios al declarar conjuntamente. Lo que faltaba. En casa somos cuatro adultos viviendo de un sueldo. El único beneficio al que podíamos agarrarnos era ese. Dice el Ejecutivo que la medida fomenta la igualdad y busca la incorporación de la mujer al mundo laboral. ¿Qué mujer? pregunto. ¿La que roza la edad de jubilación sin derecho a paga?

Un sistema tributario justo debería contribuir a paliar el impacto de las desigualdades, atender a la discapacidad, proteger la salud. Y el que tenemos nos lleva a ser más pobres y más desatendidos. Todos quieren proteger a las familias. Para ello deberían tener en cuenta, como en otros países, el número de personas que componen la unidad familiar. Mientras tanto, los desempleados no son responsabilidad del Gobierno, sino del cónyuge que tenga el privilegio de trabajar.