Si les digo la verdad, la sentencia de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional sobre si galgos o podencos, léase estado de alarma o de excepción, me importa a estas alturas nada, lo que se dice nada. Será una respuesta a un recurso de Vox que en todo caso tendrá como consecuencia librar de las multas a los incumplidores que se las ganaron a pulso mientras los demás, solidariamente, nos quedábamos en casa, acatando las directrices de los técnicos aceptadas por los políticos responsables. Será otra gran contribución a la convivencia.

Como aquella otra en la que sentenciaron que sí se podía limitar el derecho de manifestación por la pandemia un 1º de mayo. Con tal de darle una colleja al Gobierno... Eso se llama perder legitimidad. Puestos a dar collejas y algo más, lo que sí me importa, y mucho, es saber en qué quedaron las denuncias por negación de asistencia hospitalaria con resultado de muerte en miles de casos de personas mayores que vivían en residencias y sobre cuyas posibilidades de vivir o morir decidieron algunos. Eso sí que es trascendente y me gustaría saber qué han hecho las fiscalías y los tribunales en su conjunto. Miles de muertes en solitario que quizás se podían haber evitado si el sistema sanitario público no hubiera sido desmantelado poco a poco, pero contundentemente, en los años anteriores. Me refiero a Madrid, por ejemplo. Si hay instrucciones escritas deberíamos saber quién las firmaba. Si no, quien tomó cada decisión que condenó a morir sin asistencia. Eso sí es eutanasia salvaje y de derechas. Y todavía esa gran experta en gestión sanitaria que representa al PP en las Cortes de Aragón se atreve a preguntar a los demás por su modelo sanitario. La insensatez no tiene límites. ¿Pensará que en Aragón no nos hemos enterado de cuál es el modelo del PP? Un poco de vergüenza, por favor.