Si Renfe y el Gobierno de Aragón no lo remedian, a partir del 1 de julio la comunidad autónoma dejará de tener varios servicios ferroviarios entre Zaragoza y otros puntos del territorio, como Monzón y Teruel. La negativa de la Consejería de Vertebración del Territorio y Transportes a seguir pagando un convenio que la operadora ferroviaria no abona desde hace tiempo condena a numerosos municipios a perder un servicio reivindicado por sus alcaldes, que no ocultan su malestar. A estos ediles se les suman otras voces críticas con la decisión de las administraciones públicas, y en este contexto es especialmente valioso que una de ellas sea la del PAR, formación que está dentro del Gobierno cuatripartito. Por este motivo, que ayer el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, saliera a reivindicar la continuidad de la línea de tren debería servir para que el Consejo de Gobierno, en el que está su compañero y presidente del partido, Arturo Aliaga, reconsiderara su postura.

Cierto es que el único y principal responsable de este despropósito es Renfe, que lleva años maltratando los servicios regionales de Aragón y que, amparado en el falso argumento de la baja demanda, no tiene interés en mantenerlos después de ofrecer un servicio muy mejorable. Pero no es menos cierto que el Gobierno de Aragón no ha mostrado excesiva preocupación por mantener estos servicios. Que se niegue a seguir financiando estas líneas por un importe anual de aproximadamente cuatro millones de euros no es aceptable. Se escuda en que eso supone financiar un servicio que no le corresponde pagar al Gobierno de Aragón, pero la administración pública sí asume otros gastos que no le corresponden y que, lógicamente, no se plantea suprimir. Así ocurre, por ejemplo, con algunas compañías aéreas o con otros agentes turísticos, para incentivar la actividad económica y también para prestar un servicio a los aragoneses.

Solo desde la vocación de servicio público se debe entender que el Gobierno de Aragón haga un esfuerzo presupuestario y que mantenga las partidas que destina a estas líneas. Debe hacerlo a la vez que debe mantener la presión y la capacidad negociadora con Renfe, que está demostrando una actitud cicatera y que debe ser condenable. El ferrocarril es mucho más que la alta velocidad y sus alternativas más económicas. Es también un elemento vertebrador y cohesionador, y así se debe entender aunque sea una operadora comercial. Así debe actuar el Gobierno de España, que hace inversiones millonarias (ayer una más, muy bienvenida, para la línea del Canfranc) mientras abandona a su suerte otros servicios también importantes.