La Comisión Europea (CE) ha dado su visto bueno al plan de recuperación presentado por España. Después de meses de negociaciones era el paso previsible, pero indispensable para que comiencen a fluir los esperados fondos europeos este mismo verano. Y como dentro de la maquinaria europea ningún gesto es banal, el hecho de que la propia presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, haya viajado expresamente a Madrid para entregar en mano a Pedro Sánchez las recomendaciones de Bruselas para España –en los próximos días lo hará con Portugal, Dinamarca, Grecia y Luxemburgo– da cuenta de la implicación de las instituciones europeas en este proceso histórico. La ayuda no será incondicional. En una operación sin precedentes, la Comisión captó el martes pasado 20.000 millones de euros en los mercados, en la primera emisión de deuda pública para el plan de recuperación. Para llegar a este punto, ha habido que superar las reticencias de algunos de los países menos endeudados de la Unión, y Bruselas se mantendrá vigilante sobre el destino del dinero que reciban los más beneficiados, con España e Italia a la cabeza. Las ayudas europeas se irán desembolsando a medida que cada país cumpla los compromisos de inversiones y reformas, que en el caso de España tiene puntos calientes como las pensiones o los impuestos.

Si, como es de esperar, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) da su aprobación en su reunión del 13 de julio, España podría recibir automáticamente un anticipo de 9.000 millones de euros de los 69.500 millones que le corresponden en concepto de subvenciones a fondo perdido (en torno a otros 70.000 millones de euros lo serían en créditos blandos). Según el calendario de Bruselas, en octubre se desembolsarían otros 10.000 millones de euros, y así sucesivamente en diversas entregas hasta 2026. Para este año, por lo tanto, España recibiría 19.000 millones de euros de fondos europeos, una cifra inferior a los 27.000 millones que había previsto el Gobierno español para los Presupuestos de 2021.

En su valoración, la Comisión Europea destaca que España destinará el 40% de los 69.500 millones a la transición verde (el mínimo exigido era el 37%), y el 28% a la transformación digital (también por encima del 20% mínimo). Ello, sumado a las reformas para reducir la segmentación del mercado laboral, de políticas activas de empleo, del sistema de pensiones o del sistema fiscal, entre otros, llevan a Von der Leyen a concluir que el plan aprobado «transformará profundamente la economía de España, la hará más verde, más digital y más resistente». El escenario no puede ser más prometedor, si no fuera porque todo esto debe completarse en cinco años, de los cuales los dos siguientes que quedan de legislatura el Gobierno no encontrará la mejor disposición por parte del primer partido de la oposición, y tampoco es descartable que haya diferencias entre los dos socios del Ejecutivo. Tampoco Pedro Sánchez debería escudarse en las exigencias de Bruselas para imponer reformas sin contar con los agentes sociales y resto de fuerzas políticas. Es necesario buscar amplios acuerdos. Igualmente, debe combatirse el riesgo de que las inversiones se concentren en unas pocas manos o dé pie a procesos fraudulentos. Ayer Bruselas alabó las luces del plan de recuperación español, pero también existen sombras. De momento, el Gobierno tiene el viento a su favor: una campaña de vacunación que avanza a buen ritmo y unas previsiones económicas optimistas, con crecimientos del 6,2% del PIB para este año y del 5,8% en 2022, según el Banco de España.