Asistimos estos días a la enésima confrontación entre administraciones por la gestión de las medidas ante la pandemia. Este último episodio es a cuenta de la apertura de espacios para la hostelería y el ocio nocturno. Hace un par de semanas fue sobre las decisiones de aplicar la segunda dosis de la Astra Zeneca.
Estos desencuentros entre instituciones tienen unas consecuencias que van más allá de los efectos sobre la salud o la economía. En un país como el nuestro en el que la clase política está, desgraciadamente, bastante desprestigiada, que las instituciones transmitan incertidumbre, confusión y desencuentros, contribuye a que crezca la desafección ciudadana. No debería tomarse tan a la ligera en algunos casos y en algún otro como Madrid, debería cambiarse radicalmente de comportamientos y no utilizar la pandemia y el poder institucional para la lucha política. Es muy difícil apelar a la responsabilidad ciudadana si no hay responsabilidad institucional.
Una breve historia. Al principio de la pandemia la administración central asume la dirección política y gestora de las actuaciones en muchos frentes: sanitario, educativo, transporte, servicios sociales, policía etcétera. Lo hace sabiendo que en sanidad no tiene competencias de gestión ni medios. En ese momento aparecen algunas críticas de que se trata de un proceso encubierto de recentralización.
Mercado persa
Lo que es una medida excepcional, el estado de alarma, algo para luchar contra la pandemia, se convierte en un mercado persa donde se intercambian apoyos parlamentarios por inversiones, incluso abandonos de dirigentes de partidos porque quieren que su partido no vote a favor del gobierno y que éste caiga y otras cosas de lo más peregrino. Y el rizo: el principal partido de la oposición vota sí, se abstiene y vota no, en las sucesivas prórrogas. Curiosamente, durante la pandemia se ha producido un aumento de la identidad nacional entre la ciudadanía, según el Instituto Elcano, plasmada en más solidaridad en general, un amplio cumplimiento de las normas y se ha reforzado el sentimiento de grupo, todo esto a pesar de la mucha polarización política, como observamos diariamente. Según el propio Instituto Elcano, España se sitúa en cabeza respecto a los países de la Unión Europea en esta polarización.
Europa, aunque no decía nada, imagino que estaría alucinando. Afortunadamente los agentes económicos y sociales han mostrado lo mejor de sí mismos y han estado a la altura con los sucesivos acuerdos entre ellos y el Gobierno. ¿Y las comunidades autónomas? El covid ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro modelo territorial. No en cuanto a que sea mejor una respuesta desde un modelo centralizado frente a otro descentralizado o al revés. Las debilidades aparecen porque hay una separación de competencias, una escasa experiencia de cogobernanza y un déficit regulador. La Comisión Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, donde está el Gobierno central y los responsables autonómicos de sanidad, no tiene competencias definidas ni un procedimiento claro para tomar decisiones. Es lo que acabamos de ver estos días, un desbarajuste de criterios que terminan en los tribunales. El covid nos debería servir para establecer las normas y el reparto de competencias para una gobernanza eficaz efectiva y eficiente.
Oportunidad
Es decir, es una oportunidad para aprender y para engrasar nuestro sistema descentralizado de competencias, responsabilidades y rendición de cuentas. El calvario que se hacía pasar al Gobierno central con las prórrogas del estado de alarma por partidos y comunidades autónomas, condujo a que el Gobierno decidiera retirarse en esa tercera fase y echara la responsabilidad de adoptar determinadas medidas a estas, cuando hay en algunos aspectos un difícil encaje legal de competencias. Creo que se abusó del Gobierno central pero también creo que el Gobierno central no ha actuado con toda la generosidad posible. Me hago eco de algunas críticas sensatas de presidentes autonómicos.
Pero la cuestión fundamental no es que se regulen las diversas competencias entre las administraciones y los procesos de gobernanza y toma de decisiones. Ninguna norma jurídica podría regular completamente los múltiples aspectos que pueden surgir en la gestión ordinaria de un gobierno y mucho menos en una tan extraordinaria como la que tenemos. Cualquier sistema de gobernanza necesita un marco que regule, pero solo con eso no basta. Es imprescindible la lealtad para afrontar la incertidumbre y los hechos no previstos, para el buen funcionamiento del sistema autonómico. Y aquí vienen mis dudas: ¿nuestro modelo territorial genera incentivos suficientes para evitar la diferenciación artificial, para el fomento de valores comunes y, como consecuencia, para superar la deslealtad institucional?
