En las últimas elecciones a la Asamblea de Madrid algún irresponsable quiso escandalizar con el gasto que supone mantener a un Menor Extranjero No Acompañado. Cuando fui becario sin Seguridad Social hacía cálculos de lo que podría costarnos cada preso, su pensión y su seguridad.

El sistema penitenciario, en general, me resulta obsoleto y prohibitivo. El concepto de «penitencia» es más pariente del catecismo que del Código Penal. El diccionario la define como el sacramento mediante el cual se obtiene la absolución. Pero el auténtico objeto de las penas, así lo concibe nuestra Carta Magna, no es el castigo, sino la reinserción. Sabemos que esa aspiración se cumple en contadas ocasiones y algo tendrá que hacer el sistema con quienes se prevé que reincidan. Dejando aparte a estos sujetos, creo que sobra gente en la cárcel. En caso fraude fiscal sustituiría esa pena por la devolución íntegra y una multa. Qué satisfacción obtenemos con meter entre rejas al cuñado del Jefe del Estado o al expresidente de la Generalitat y a sus siete retoños. Si devuelven lo que es de todos, les perdono de corazón.

El indulto es una medida excepcional otorgada por el Rey, a propuesta del Gobierno. En los últimos veinticinco años se han concedido casi 11.000 perdones, bajo mandato del PSOE y del PP. Los populares absolvieron a 152 condenados por corrupción. En 2012 indultaron a dos altos cargos de Convergencia i Unió condenados por prevaricación y malversación. Las malas lenguas relacionaron la medida con el apoyo de CIU a la reforma laboral, pero seguro que observaron auténtico arrepentimiento en sus ojos.

Siempre hay un precio político. No sabemos si el independentismo será agradecido con el Gobierno, lo que vemos es que algunos aspiran a convertirlo en rédito electoral. Acertadamente, o no, el Gobierno decidió tomar la senda del entendimiento. Llevamos siglos enzarzados con el asunto catalán, pero en las últimas décadas, la fractura se ha agravado y se ha conseguido que el independentismo creciera de forma exponencial. Entiendo que convocar un referéndum unilateral es delito, pero el daño comenzó cuando los populares llevaron el Estatuto de Cataluña al Constitucional, tras haber sido refrendado en legítimo referéndum. A partir de ahí, las acciones de unos y otros han tenido la irracionalidad que tienen los gestos de una trifulca y, mientras la grieta crecía, en Moncloa se optaba por la respuesta del avestruz. Un nudo imposible de desenredar, para lo cual, el hecho de que representantes políticos, con razón o sin ella, estén en la cárcel, no contribuye al entendimiento.