Hace siglos que España y Justicia no se llevan demasiado bien. Aunque sigue habiendo algunos que se empeñan en afirmar que «España nació en Covadonga», e incluso quienes consideran al reino de los visigodos como el primer Estado español, lejos de ser «una unidad de destino en lo universal», rimbombante definición joseantoniana que es una memez, la actual nación española, tal y como está configurada territorialmente, en su derecho, en su sistema político y económico y en sus basamentos jurídicos y sociales, data de 1978. Lo demás es mitología nacionalista españolista, doctrina monolítica que por estos lares suele convertirse en dogma de obligada creencia. Porque España, sea como territorio geográfico, como concepto o como Estado, ha ido cambiando a lo largo de los últimos tres siglos de manera constante. Así, hasta 1898 Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran españolas y hasta 1975 la provincia del Sáhara Occidental era tan española como la de Albacete. Eso sí, siempre hay, y son legión, quienes confunden, por interés o por ignorancia, una ensoñación atávica con la realidad y la historia.

La Justicia también es un concepto cambiante a lo largo del tiempo. Además de una de las cuatro virtudes cardinales, es un «principio moral» por el que cada uno debe recibir lo que se merece, y también un derecho y una razón para la equidad entre las personas.

A veces se han dado otras definiciones castizas; por ejemplo, una llamativa fue «la Justicia en España es un cachondeo», que tantos problemas causó a su autor, Pedro Pacheco, aquel peculiar alcalde de Jerez de la Frontera.

Esta semana la familia de Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, ha sido encausada casi al completo por un juez; solo falta la matriarca del clan, la señora Ferrusola, alias «la madre superiora» (el mote que le asignaron ya tiene bemoles), que se ha salvado del procesamiento por una enfermedad que han prescrito unos facultativos.

El clan de los Pujol, una banda que ha sido calificada en las diligencias previas como «una organización criminal», será juzgada en 2022, si nada se retrasa –que ya verán como sí–; quizás se dicte sentencia provisional y recurrible en 2023 ó 2024, y se vea una apelación en el Tribunal Supremo en 2025 ó 2026, y si confirma la sentencia, otra en el Tribunal de Derechos Humanos en 2027 ó 2028. Y si con todo ello resultan condenados, siempre quedará el recurso del indulto. Eso sí, la pasta que han robado, presuntamente, no aparecerá nunca. Al tiempo.

*Escritor e historiador