Jugando con la verdad

Difícilmente pudo pensar aquel ministro que 151 años después y a cuenta de la misma se iba a generar un debate de tantos decibelios. Lo cierto es que en el transcurso de todo ese tiempo y después de haber disfrutado y sufrido distintas formas de gobierno, a ninguno se le ha ocurrido promover su modificación. Una de dos, o está muy bien hecha o nuestros políticos solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, lo que les deja en muy mal lugar.

Sin precedentes

En ningún momento de nuestra democracia y después de concederse miles de indultos, y los ha habido frente a hechos muy graves, se ha levantado la voz poniendo en entredicho las decisiones del Gobierno.

Ha sido ahora, con la decisión de indultar a los condenados por el 'procés' catalán, cuando el debate ha subido de tono. Ha ocupado sesiones parlamentarias, editoriales y tertulias en los medios de comunicación e incluso entre los ciudadanos. Lo cierto es que en una ley que contiene tres capítulos con treinta y dos artículos, una exposición de motivos y una disposición adicional, no se contempla en ninguno de ellos que al condenado se le exija el arrepentimiento como paso previo para considerar su indulto. Un arrepentimiento que se ha usado como arma arrojadiza contra el presidente del Gobierno cuando la realidad es que la ley no lo exige. Es más, el párrafo 3º del artículo 2 permite que «se les pueda conceder el indulto a los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia firme, en el caso que, a juicio del Tribunal sentenciador o del Consejo de Estado, hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia».

Del mismo modo se ha pretendido involucrar al Rey intentando justificar competencias que la Constitución no le concede. Su papel está muy claro en el artículo 62 de nuestra Carta Magna.

El debate establecido en estos términos solo ha servido para confundir a los ciudadanos y en un asunto de tanta transcendencia aporta muy poco, ya que se está jugando con la verdad. Y esto es muy grave porque solo puede servir para generar posicionamientos que en nada contribuyen a la convivencia.

Producido el indulto a los condenados por el 'procés', es de esperar un cambio en las posiciones a medio plazo de todos los intervinientes, porque ninguno está en la misma situación aunque el escenario sea el mismo. El PSOE que casi se rompe asumiendo una responsabilidad de Estado, apoyó al PP cuando este aplicó desde el Gobierno el artículo 155. Ahora con Pedro Sánchez desde la Presidencia del Gobierno es quien lleva la iniciativa. Los partidos independentistas gobiernan la Generalitat pero con ERC como grupo mayoritario y con discrepancias con sus socios a la hora de gestionar el camino hacia la independencia. La sociedad catalana sigue divida casi al cincuenta por ciento entre los partidarios de la independencia y los que quieren mantener el actual estatus. Una situación que ha provocado tensión social entre los ciudadanos y que está demostrando hasta dónde ha llegado el hartazgo por una situación atascada desde que el Tribunal Constitucional modificó el Estatuto que habían votado los catalanes.

Exabruptos y descalificaciones

Lo que no está muy claro es que se pueda afrontar esta ingente tarea con un Pablo Casado que desde el PP, lejos de asumir su papel de Estado, se pasa el tiempo lanzando exabruptos y descalificaciones permanentemente, enfrentado no solo al Gobierno, sino también a los empresarios, a la Iglesia o a cualquiera que se atreva a defender otros postulados que no sean los suyos. En diciembre del año 2000, estando Rodríguez Zapatero en la oposición firmó con el Gobierno del PP el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que supuso un paso fundamental para acabar con ETA. Haría bien el PP en escuchar las voces de aquellos a los que defiende como parte de su ideario. Como dijo San Vicente de Paúl, «el ruido no hace bien, el bien no hace ruido» .

Por otra parte sería de desear que los indultos estimularan un giro en la sociedad catalana en su conjunto. Ya se escuchan voces que hablan de distensión y de encuentro, de una vuelta al seny catalán que tanto ha contribuido al desarrollo y a la convivencia. Suenan, entre otras estereotipadas, que no perciben que un objetivo, por muy firme que parezca, no puede imponerse a una sociedad que tiene el mismo derecho a defender el suyo y que en todo caso, esa confluencia de derechos termina en la Constitución que en su Título Preliminar, artículo 1, punto 2, señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Como dijo Manuel Azaña en su tiempo «Vendría a ser sin duda, el pueblo catalán, un personaje peregrinando por las rutas de la historia en busca de un Canaán que solo él se ha prometido a sí mismo y que nunca ha logrado encontrar».

Llegado a este punto, es exigible la responsabilidad de todos. Gobierno, partidos, medios de comunicación, agentes sociales y sociedad en su conjunto deben abandonar sus posiciones maximalistas y hacer de un diálogo basado en la verdad, la herramienta que permita encajar la realidad catalana en el Estado. Y si para ello hace falta reformar la Constitución, ella misma regula los mecanismos para su modificación.

Si Manuel Fraga Iribarne que fue Ministro con Franco, pudo negociar con el comunista Jordi Solé Tura para sacar adelante, junto a otros, la Constitución de 1978, ¿qué puede impedir en plena democracia que se negocie hasta la extenuación para conseguir un marco regulatorio que sirva a la convivencia de los españoles?