Las familias aragonesas van a tener un verano en el que llenar la cesta de la compra y pagar las facturas del gasto cotidiano va a suponer un nuevo motivo de asfixia después de un año y medio particularmente complejo. Cuando empiezan a atisbarse algunos datos para el optimismo en cuanto a la crisis sanitaria, y cuando parece que la economía comienza a reactivarse con buenas perspectivas en el turismo y la hostelería (actividades de las que la economía española es muy dependiente), la subida de precios amenaza con seguir apretando en exceso a los castigados bolsillos de los aragoneses.

Con la tarifa de luz más cara de la historia, a pesar de los infructuosos y tímidos parches con los que el Gobierno ha intentado mitigar el hachazo, la escalada de precios está asegurada. Según los expertos, el coste de la vida para una familia aragonesa puede aumentar este año alrededor de 500 euros. Una cantidad inasumible para muchos bolsillos que ya tenían dificultades para llegar a final de mes y que después de un año y medio con ertes y aumento del desempleo puede generar un problema social. Si a eso se le suma que muchas de estas familias han tenido que devolver dinero en la declaración de la renta como consecuencia de haber estado en erte durante el año pasado, el verano no se antoja especialmente bueno para muchas familias. Aquellos que no sufrieron con crudeza la crisis económica derivada de las restricciones impuestas por la pandemia han visto cómo crecía su capacidad de ahorro, aunque fuera mínimamente. Pero todo este ahorro se va a desvanecer ante el incremento de precios. Porque si dos elementos referenciales como la luz y la gasolina suben, se produce un efecto cascada y sube todo lo demás. Otro dato más de esta situación preocupante: llenar el depósito de gasolina cuesta ahora diez euros más que a principios de este año. Que además suba en periodo estival, cuando van a aumentar los desplazamientos, es simplemente indignante e insostenible. Además, ha crecido el número de familias y pequeñas empresas que se han declarado en quiebra, por lo que urge que los poderes públicos adopten soluciones tajantes para frenar esta escalada de precios que amenaza a tantas familias. Este es uno de los desafíos principales del Gobierno. Después de haber atendido las necesidades urgentes que ha provocado la pandemia, otra cuestión fundamental ahora es que el castigado ciudadano medio no sufra ahora el impacto de una escalada de precios que ya se empieza a apreciar en bares, supermercados y el ocio. Hay que aplicar en los próximos meses políticas de moderación de precios, y también probablemente de impuestos. O al menos hacer estos proporcionados y, lo fundamental, progresivos. Porque existe una clara desproporción entre la presión fiscal de las rentas y patrimonios más altos y los de las grandes fortunas. Y, al final, la cesta de la compra es para todos igual.

Hay que aplicar políticas de Estado a problemas de Estado, porque después de 15 meses tan duros, y con una crisis latente, no es aceptable que los precios suban, que cuestiones imprescindibles y cotidianas como el gas, la luz o los hidrocarburos hagan imposible llegar a final de mes. Hay que poner coto, y hacerlo ya, a estas subidas. Porque no puede ser que la cuesta de enero también llegue en el mes de julio.