El último debate político abierto desde el propio gobierno reúne todos los riesgos en los que cae continuamente la política española. Una campaña lanzada en Twitter del ministro Garzón sobre los beneficios de la reducción del consumo de carne roja con un hastag tan poco alarmante como #MenosCarneMásVida ha generado reacciones inmediatas entre ministros del ramo, presidentes de comunidades autónomas con un fuerte peso del sector primario, o sindicatos agrarios, y que ha intentado cerrar el presidente del Gobierno de un modo tan frívolo como la empezó el ministro de Consumo, en una respuesta en rueda de prensa sobre la cocción del chuletón. Y en una mañana, abierta y cerrada una cuestión sobre nuestro modelo de sostenibilidad del sector ganadero, los hábitos saludables de consumo en nuestra alimentación y la afectación en la crisis climática.

¿Pero para qué se va a empezar un debate sosegado y con datos, didáctico para la ciudadanía pudiendo frivolizar a través de eslóganes que arrojarse unos a otros? La política debe aparecer como una respuesta colectiva al desacuerdo, se confía a la política la regulación de la tensión social en un intento por resolver las diferencias mediante una decisión que obligue a los miembros de la comunidad. Es una evidencia científica la relación entre el consumo de carne y la incidencia del cáncer, pero está permitido su consumo moderado. Y la producción de carne, sobre todo la intensiva, está vinculada a la deforestación, al incremento de los monocultivos y al uso de fertilizantes para fabricar piensos, pero por contra la ganadería extensiva es mucho más sostenible, de hecho, es fundamental para el mantenimiento del entorno porque previene incendios y contribuye al secuestro de carbono. Hay un claro conflicto entre sector primario cada día más reducido, solo un 2,7% del PIB, el cambio de hábitos saludables, y la hoja de ruta 2050 pero para la gestión es necesario huir de generalizaciones o proponer restricciones severas sin alternativas a cambio.

Al principio de la pandemia se intensificaron las demandas a conceder a los científicos un papel más relevante en los procesos de toma de decisiones políticas. La discusión sobre la gestión de la pandemia y la administración de los fondos europeos para la recuperación, son dos de los temas en los que se reclamaba un gobierno de los expertos. Sobre el consumo de la carne la evidencia científica parece que ya no es la panacea. Porque no se trata de tecnificar la política sino de clarificar roles: a los técnicos lo que es técnico y a los políticos lo que es político, en decisiones cada vez más complejas que deben intermediar entre intereses contrapuestos.