La salud de una sociedad democrática bien puede detectarse por dos medidas: la libertad y la justicia. La abogacía es partícipe indispensable en ambos parámetros. Garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia –a los tribunales de justicia–, es una obligación de los poderes públicos y, correlativamente, un derecho de todos.
Este derecho se ve comprometido especialmente en sectores de población carentes de los recursos económicos suficientes y, de ahí, se evidencia la necesidad del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita.
La prestación de este servicio gratuito es llevada a cabo por cerca de 900 abogados en Aragón, los cuales han asumido durante el pasado año más de 12.700 asistencias y casos litigiosos. Con ello se ha colaborado en el mantenimiento del Estado de derecho mediante la prestación del derecho de defensa.
Durante los meses de afectación del covid-19 esta tarea no se ha visto alterada, permaneciendo todos estos profesionales en el ejercicio de sus responsabilidades. Ha sido una labor que en buena medida ha pasado desapercibida, pero ello no ha sido obstáculo para que se hayan mantenido de forma permanente y eficaz: tanto en la prestación de las guardias para la asistencia y orientación a mujeres objeto de violencia, las guardias al detenido y preso, y la asunción de cuantos procesos judiciales se han turnado. Una labor muy meritoria la de estos cientos de compañeros que merecen un reconocimiento público, y que se les brinda anualmente en el Día de la Justicia gratuita.
Las encuestas que regularmente se hacen sobre la satisfacción y confianza que genera a los ciudadanos nuestra Justicia evidencian que, frente a los limitados niveles que el sistema provoca en sí mismo, los abogados obtienen una alta valoración. En buena medida, el sistema de Justicia gratuita ayuda a la visión que la sociedad tiene.
Pero este reconocimiento hacia la tarea de la defensa jurídica que realizan los profesionales de la abogacía no viene siendo acompañada por la sensibilidad de los poderes públicos. Las carencias del sistema en muchas ocasiones –más de las debidas– es suplida por el voluntarismo y profesionalidad de los abogados y de sus colegios. Se hace recaer en una profesión, la abogacía, cargas que son obligaciones de los poderes públicos.
Se precisa, por tanto, algo más que un simple recordatorio de la satisfactoria labor realizada por los abogados del turno de oficio; se precisan compromisos y hechos, tendentes a mejorar el sistema y hacerlo más sencillo y equilibrado. Es un reto que ha de asumir el Estado y que no ha de demorarlo por más tiempo.
Mientras tanto, la abogacía se mantendrá en sus responsabilidades hacia toda la ciudadanía, como siempre ha hecho.
