Las medidas para hacer frente a la pandemia del covid-19 siempre han implicado una tensión entre las necesidades sanitarias urgentes, la vitalidad de la economía y el mantenimiento de los derechos y libertades individuales. A lo largo de este periodo hemos asistido a un equilibrio inestable entre la salvaguarda de la salud y la imprescindible, por muchos motivos, reactivación social, desde el primer estado de alarma, que unificaba criterios, hasta la asunción de distintas medidas, asimétricas, en función de la afectación de cada comunidad. Ahora, el inusitado, y en parte inesperado, aumento de los parámetros que nos permiten calibrar el alcance de la crisis en esta quinta ola en España y sexta en Aragón provoca nuevas restricciones que, al mismo tiempo, generan dudas y rechazos entre la ciudadanía y los sectores afectados. Por no hablar de algunos autos judiciales que en ocasiones pueden parecer contradictorios o, simplemente, incrementar más la confusión de una ciudadanía ya muy fatigada y confundida.

Algunas voces abogan por la reinstauración de un toque de queda, tal y como ha implantado el Gobierno valenciano con el visto bueno de la Justicia, porque así, al menos, queda clara una restricción explícita, y no las recomendaciones hasta ahora conocidas. Ante la explosión de casos, mayoritariamente entre los más jóvenes, se imponen medidas difíciles de gestionar, pero seguramente imprescindibles. No se trata de establecer consejos paternalistas (como el de seguir usando la mascarilla para hacer visible la presencia del virus), sino de actuar con determinación y aprendiendo de los errores recientes.

En otras latitudes, la situación es también preocupante y con respuestas variables. Mientras que Boris Johnson, en el Reino Unido, sigue abogando por una reapertura prácticamente total a partir del 19 de julio, en una deriva que recuerda a su primer posicionamiento ante la pandemia, en Francia se plantea un dilema que genera controversia: se trata de convertir el pasaporte covid, que tenía que funcionar como salvoconducto para viajar, en un carnet para «favorecer la vacunación», que será necesario para buena parte de la interacción social, un aspecto que choca con la protección de derechos individuales.

Hemos de ser conscientes de que este verano no será el final del túnel que se había pronosticado, y que se parecerá más al de 2020 que al de los veranos prepandemia, pero, sin bajar la guardia sanitaria, debe procurarse también evitar una nueva crisis en el sector turístico. El equilibrio siempre complicado entre contener la propagación y superar el colapso sanitario y mantener el pulso de la vida económica y social.